La política, especialmente la catalana, podría pensarse hoy como aquello que sucede entre sentencia y sentencia.
Una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010 dio origen en su día al surgimiento del procés. Aquel 28 de junio, los máximos intérpretes de la Constitución Española decidieron recortar catorce artículos del Estatuto catalán, en una sentencia que mi admirado y recordado Alfredo Rubalcaba -nada sospechoso de tener veleidades nacionalistas- tildó algún tiempo después de «disparatada».
Casi diez años después todavía estamos padeciendo las consecuencias de aquella sentencia «disparatada» que Cataluña no quería y España no necesitaba. Desde entonces, la identidad nacional ha aumentado en Cataluña, el independentismo ha vivido sus mejores días y el procés, ese término que ha guiado la política catalana del último decenio, ha pasado por un sinfín de vicisitudes: nació, creció, se desarrolló y, tal vez, murió.
Ahora el Tribunal Supremo ha querido venir a cerrar (o encerrar) el procés con una sentencia meditada y calculada para que todo el peso de la ley recaiga sobre los ejecutores del mismo, pero también para que interfiera directamente en las próximas elecciones generales. Y el resultado está a la vista.
¿Cómo se puede reclamar sensatez y sentido común al Supremo sin sonrojarse? La verdad es que una no puede creer que señores y señoras tan formados se ubiquen en el plano de la irresponsabilidad para separar sus acciones de la reacción que producen. Ya sé que nadie es responsable de lo que hacen los otros, pero reconocerán conmigo que tanta ingenuidad acumulada es también inadmisible.
En otro tiempo no habría tenido dudas sobre la interpretación de la sentencia; ahora, sin embargo, reconozco que mi confianza en la justicia española ha caído notablemente hasta el punto de comprender la interpretabilidad de la norma como una especie de arbitrariedad justificada en la propia interpretación.
Y es ahí donde las sentencias de los tribunales se convierten en issues (temas) de la política y hasta funcionan como clivajes (fracturas) de la misma. Pero si las sentencias fracturan las sociedades es o porque no hay consenso en la norma o no lo hay en la interpretación. O más bien, como ocurre en este caso, ni en lo uno ni en lo otro.
La sentencia del Supremo, evacuada a veinte días de las elecciones, es una bomba en la agenda política de la campaña, articula un nuevo mapa emocional en los electores que configuran sus preferencias, y rearma los relatos a favor y en contra del procés. Pero ese es al fin el torpe papel de la política, ese vano intento de reconducir las dispersas preferencias de los ciudadanos a espacios imposibles de encuentro, algo que sucede torpemente entre sentencia y sentencia que remueve el avispero.