Un buen ejemplo de cómo funciona la política en nuestro país es la polémica surgida en torno a la propuesta de las islas Cíes como Patrimonio Mundial por la Unesco. Para los lectores que no estén informados, el Ayuntamiento de Vigo defiende que solo este archipiélago sea incluido en la propuesta, mientras que la Xunta la extiende a todo el Parque Nacional das Illas Atlánticas. La diferencia es sustancial, ya que esta última incorpora los archipiélagos de Ons, Sálvora y Cortegada.
No hace falta decir que la propia polémica dificulta la declaración, sea cual sea el ámbito geográfico de la propuesta final, pero sí está bien recordar que la citada delimitación no debe basarse en quién lo hizo primero o cuál es más grande y sí, por el contrario, en analizar cuál de las dos propuestas es más coherente y tiene más posibilidades de incorporarse al patrimonio mundial, de acuerdo con los requisitos.
Es importante señalar que si repasamos el listado mundial de bienes ya declarados nos encontramos que tanto islas, como Ibiza, o archipiélagos, como Galápagos, están incluidos, y que existen territorios, como Doñana o el Teide, en los que se superpone la declaración de patrimonio mundial con la de parque nacional, y otros en que no; por tanto, a priori, no es mejor ni peor que sean una o varias islas, ni que la propuesta coincida o no con figuras previas.
Veamos. De los bienes declarados en España, la gran mayoría son bienes culturales, cuatro son bienes naturales y dos son mixtos, es decir, que comparten la categoría de naturales y culturales; el resto, dieciocho, son bienes inmateriales. Por tanto, creo que lo relevante para el éxito es justificar la integridad del bien, no entendida como continuidad, en función del criterio que vertebra la propuesta: su valor cultural, su valor natural o ambos. Es obvio que esto es mucho más difícil en propuestas como la que nos ocupa que cuando se trata de un bien único, como por ejemplo la Torre de Hércules, cuyo valor cultural es indiscutible, pero es la clave.
Es también importante mencionar que influye poderosamente en la viabilidad de la declaración el consenso de todas las administraciones implicadas, sean gobiernos regionales, ayuntamientos, etcétera. Y, finalmente, que en las propuestas de bienes que por su naturaleza soportan población se valora el grado de apoyo de los residentes. Sorprendentemente, según he leído en la prensa, los residentes de Ons no quieren saber nada del asunto, lo que, además de curioso, está siendo utilizado por una de las partes.
Pues bien. Mientras no se conozcan pública y detalladamente las líneas que vertebran cada una de las dos propuestas, y que justifican su delimitación, es difícil valorar la coherencia y, por tanto, la opinión se queda en una cuestión de gusto o interés. No tienen más que ver los apoyos de cada una de las propuestas para darse cuenta de que aquí nadie discute de patrimonio cultural o natural: es pura política, eso sí, de la mala.
Este es el país que tenemos: cuando los políticos entran por la puerta la razón salta por la ventana.