Difícilmente podría haber comenzado Sánchez su nueva presidencia con actos más erráticos o comprometedores para nuestra democracia: nombrar 22 ministros, con competencias atomizadas y cruzadas, que, en cualquier caso, pero más en el de una coalición, no habrá quien pueda dirigir; proponer como fiscal general a su ministra de Justicia, cesada no por su previa reprobación por el Congreso, sino porque el presidente ha decidido utilizarla para controlar la fiscalía, según su falsa y peligrosa teoría de que aquella debe estar a las ordenes del Ejecutivo; y manifestar que no cancelará su entrevista con Joaquím Torra, quien ya no es legalmente presidente de la Generalitat. Como a los dos primeros actos ya se han referido en estas páginas, en tres magníficos artículos, Xosé Luis Barreiro, Francisco Espiñeira y Fernando Ónega, me centraré solo en una entrevista que, de producirse finalmente, sería, a mi juicio, el acto más grave de los tres. Tras ser inhabilitado por la Junta Electoral Central en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley del Régimen Electoral General -inhabilitación que el Tribunal Supremo no suspendió de forma cautelar, rechazando la petición de Torra, lo que dio lugar a que la Junta Electoral de Barcelona comunicase la retirada de su acta parlamentaria y la proclamación, en su lugar, de Ferrán Mascarell-, Torra ha dejado de ser diputado y, como consecuencia de ello, presidente de la Generalitat, pues la Constitución dispone con toda claridad en su artículo 152 que solo quien es diputado autonómico puede ser presidente de su comunidad.
La radical negativa del presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, y del propio Torra -¡con el increíble apoyo del PSC!- a cumplir con sus respectivas e indeclinables obligaciones legales no constituye, en consecuencia, más que un gravísimo acto de desobediencia, práctica ya habitual de los separatistas. En justificación de su rebeldía contumaz alega el ya expresidente y exdiputado que solo aceptará su cese cuando lo ordene el Tribunal Supremo por sentencia firme, pero también, al mismo tiempo, que solo el Parlamento catalán puede cesarlo; lo que indica bien a las claras que Torra y Torrent están sencillamente toreando, una vez más, de un modo inadmisible, a las instituciones del Estado democrático, cuyos mandatos son siempre papel mojado para el independentismo.
En estas condiciones, que Sánchez se entrevistase con Torra sería sencillamente alucinante, pues con ello el presidente del Gobierno, ¡nada más y nada menos!, convalidaría un acto de gravísima desobediencia, que Sánchez no solo no puede legitimar, sino que está obligado a combatir con todos los medios legales a su alcance.
El que los ominosos compromisos que ha contraído lleven al presidente a no actuar ya contra Torra -el mismo al que durante la campaña se negó a recibir e incluso a contestarle al teléfono- prueban que, al contrario que en la obra de Shakespeare (A buen fin no hay mal principio: All’s well that ends well), para este Gobierno a mal fin no hay buen principio.