El pasado 3 de diciembre, en la sesión constitutiva de las Cortes, los 350 diputados del Congreso acataron la Constitución española. Lo hicieron unos simplemente prometiendo o jurando, otros añadiendo coletillas más o menos imaginativas y algunos bordeando incluso el ridículo, como aquel que dijo: «Por todo el planeta, sí prometo». Pero todos acataron la Carta Magna, porque es un requisito ineludible para recibir un sueldo a fin de mes. Entonces no hubo remilgos. Esa Constitución establece ya en su artículo primero que «1.- España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2.- La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3.- La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria». A unos les gustará más el punto 1, el 2, o el 3, pero todos ellos están vigentes.
La Constitución es un conjunto de normas que los españoles se han dado por consenso, con renuncias y cesiones de todos, y no un menú en el que cada uno puede escoger los platos que le gusten y rechazar los que no le agraden. Ser monárquico no es una obligación. Asistir o no al discurso del jefe del Estado es una elección libre que depende del grado de educación de cada uno. Pero es impresentable que un grupo de diputados proclame que el rey es un «franquista», que quiere «imponer las leyes» y que ejerce «la tutela sobre la ciudadanía». Calumnias que demuestran tanta ignorancia como nulo respeto a la democracia. Y tampoco es de recibo que, mientras niegan «legitimidad» al jefe del Estado, ellos se arroguen la representación de todos los ciudadanos afirmando que «la sociedad catalana, vasca y gallega rechazan mayoritariamente la figura de una institución anacrónica». Frente a esa falsedad y esa intolerancia, Felipe VI defendió nuestro modelo democrático de libertades. Una monarquía parlamentaria que es precisamente la que legitima su condición de diputados y su sueldo, les permite defender sus ideas independentistas y verter graves acusaciones contra el rey. El mensaje de concordia del monarca retrata así a quienes pretenden imponer su ideología a los demás ignorando la Constitución: «España no puede ser de unos contra otros; España debe ser de todos y para todos».
Lo inquietante es que tres de los partidos que atacan al jefe del Estado y lo tachan de ilegítimo -ERC, Bildu y BNG- sean socios del Gobierno de España. Y es también significativo que, una vez que han logrado cartera y salario de ministros, Pablo Iglesias, Alberto Garzón y hasta Irene Montero, que llegó a advertir al rey Felipe de que con Podemos llegaría «la guillotina», aplaudieran al monarca mientras la mayoría de diputados de Unidas Podemos se negaba a hacerlo. Acatar la Constitución solo para cobrar un sueldo o respetar al rey solo cuando se está en el banco azul es una muestra de cinismo político y de cómo entienden algunos la democracia y la ley. Solo son buenas cuando les convienen y les dan la razón.
