Encalmado el ruxe-ruxe provocado por los pactos de gobierno que segregaban Universidades e Investigación en dos ministerios, esta vez por necesidades de reparto y no por presión de los rectores como sucedió en el 2009, asoman otros aspectos también interesantes del ya imprescindible debate sobre las universidades y su reconocido papel social y económico. Asoma también el minué de tiras y aflojas entre gobiernos y rectores porque no cabe olvidar que las universidades, en financiación e implantación de nuevas titulaciones, son competencia de los gobiernos autónomos.
El ministro Castells, con un destacado papel social por sus estudios y opiniones, parece apuntar a un nuevo estilo en la acción de gobierno de su ministerio. Por más que sea buen conocedor del enorme peso e influencia que en la política universitaria han tenido y tienen sus rectores y su asociación (CRUE). Como ejemplos: por una parte la paralización por la CRUE del decreto del Gobierno del 2015 que permitía la implantación de los grados de tres años, ampliamente hegemónicos en el espacio europeo, frente a los de cuatro años del plan Bolonia español; y por otra, el conflicto de la cotización a la Seguridad Social de los estudiantes en las prácticas académicas externas aprobadas por el Ministerio de Trabajo, del que lograron aplazar su aplicación, o los desacuerdos sin resolver sobre el Estatuto del personal investigador en formación.
Añádase a ello los problemas derivados de las normas y criterios de la Aneca -agencia de acreditación del profesorado creada en el 2002-, que restringen el acceso de reconocidos investigadores al no lograr la acreditación por no demostrar 600 horas de docencia, lo que se compadece mal con la atracción del talento reclamada.
Atracción del talento que explica en parte los resultados de un reciente y novedoso trabajo del presidente de la Real Academia Galega de Ciencias, donde se analiza la producción científica del sistema universitario gallego entre 1999 y 2018, comparada con la de otras universidades españolas y europeas y particularmente con las tres más importantes del norte de Portugal. Por más que los resultados favorables en el caso de Cataluña se explican con el desarrollo del modelo Mas Colell y sus programas de recursos humanos y de creación y gestión de centros de investigación. Y en el caso portugués, con el mantenimiento de su inversión en I+D y recursos humanos, pero también con cambios iniciados en la gobernanza a partir del 2007. Cambios en la gobernanza demandados aquí, sin suficiente empeño, por consejos sociales y algunas universidades.
Gobernanza, recursos humanos y financiación dibujan la tarea que las universidades españolas necesitan, por más que el Ministerio de Universidades y Ciencia del Gobierno de Sánchez tuviera preparada ya una reforma universitaria. Reforma que a la vista de la actividad del nuevo ministro, y de sus posiciones en torno a la política y organización universitaria, parece indicar que será revisada. Si se puede.