En el fragor de la balacera parlamentaria, mientras ponemos el foco en las mentiras de Marlaska, que juega ya en las grandes ligas y solo compite con Ábalos en ofrecer un número mayor de versiones sobre los mismos hechos -de momento gana ocho a cuatro el ministro de Transportes con su Delcygate-, se pasan por alto cuestiones acaso más relevantes, dichas incluso por el presidente del Gobierno en el palacio de la Moncloa. Asuntos que aclaran mejor lo que está pasando en España que esos interminables debates de seis horas con los que sus señorías nos torturan ahora cada quince días para explicar algo tan simple como si están a favor o en contra de prolongar el estado de alarma, convertido ya en el más largo recorte de libertades de occidente por el covid-19.
Después del exótico y desigual pacto alcanzado con EH Bildu para sacar adelante la quinta prórroga, un tocomocho en el que los cinco diputados del partido del etarra Otegi intercambiaban la derogación íntegra de la reforma laboral a cambio de abstenerse -ojo, ni siquiera votar a favor-, a Sánchez le tocó mercadear con los independentistas de ERC para aprobar la sexta. Y hacerlo al tiempo con Ciudadanos, partido nacido precisamente para combatir al secesionismo. Para sacar adelante semejante carambola, fue necesario hacer un truco de prestidigitación solo al alcance de maestros del trile político como los independentistas. Si uno se lee el texto del acuerdo alcanzado con el partido del sedicioso Oriol Junqueras, no encontrará allí nada reprochable. Al contrario, de creérnoslo, el conjunto de las autonomías deberían estar agradecidas a ERC por arrancarle a Sánchez la promesa de que todas ellas podrán manejar la desescalada en igualdad de condiciones a partir de la fase 3. Pero que los independentistas catalanes entreguen su voto a cambio del café para todos es algo tan inverosímil como que Abascal proponga un Estado confederal. De manera que algo oculto había en ese acuerdo. Y la liebre no tardó en saltar.
A los pocos días de cerrar ese pacto quedó claro cuál era en realidad la condición impuesta por ERC y aceptada por Sánchez, aunque esta no figurara en el papel: sentarse de inmediato a negociar con los independentistas una «salida democrática» al «conflicto político» en Cataluña. Y la respuesta que dio el presidente en rueda de prensa en la Moncloa para enviar a ERC la prueba de vida de que aceptaba esa extorsión fue épica. Interrogado sobre cuándo se iba a retomar esa infame mesa de negociación, contestó: «Si es en el mes de julio, pues mejor, porque significará algo fundamental, y es que volvemos a la normalidad». Nótese que aquí no habló Sánchez de la «nueva normalidad», sino de la normalidad a secas. En cuanto se levante el estado de alarma, antes incluso de comprobar si la llegada de millones de turistas convierte España en un spa para el covid-19, la prioridad del Gobierno es hablar de igual a igual con la Generalitat sobre autodeterminación. Y, en efecto, solo cuando veamos a Sánchez sentado de nuevo cara a cara con Torra sabremos que hemos vuelto a la normalidad. A la triste normalidad.