Desde el inicio de la crisis determinada por la pandemia, una de las herramientas más útiles para proteger el tejido productivo y el empleo de los trabajadores de este país han sido los ERTE. Frente a la concepción de la crisis anterior marcada por el uso desmedido del despido en sus diversas variantes, los ERTE significan optar por una medida temporal que, en cierto modo, hiberna la empresa, liberándola de costes que no puede asumir en ese momento, esperando la reactivación del negocio. Las organizaciones sindicales más representativas hemos impulsado la regulación de los ERTE a través de acuerdos políticos con las organizaciones patronales y el Gobierno. Estos acuerdos han sido fruto del consenso, pero se han conseguido una serie de aspectos inéditos para las personas trabajadoras afectadas por los ERTE: no cómputo del período de desempleo percibido como consecuencia de un ERTE derivado del covid-19; cobro de la prestación con independencia del período cotizado anteriormente. Igualmente, las empresas han obtenido la flexibilidad necesaria para poder asegurar la eficacia y celeridad que la situación requería. Durante meses, hemos negociado constantemente con firmeza y fruto de esa negociación se ha impulsado un verdadero círculo de protección social en torno a las personas añadido a la regulación anterior.
Hasta ahora hemos mostrado nuestro acuerdo con gran parte de las medidas aprobadas, en tanto eran el fruto de nuestra presión y negociación. Sin embargo, en la negociación actual, se plantean posiciones que me hacen dudar acerca del éxito de la misma. Por razones, sin duda, económicas -se dice que no hay para todos- se sectorializan los ERTE, con la dificultad y la injusticia que ello conlleva para miles de empresas y trabajadores de este país. Por razones, también económicas, escondidas a través de una discriminación con otros perceptores de prestaciones, que curiosamente antes no se advirtió, se nos reseña que es necesario el cómputo de la percepción de prestaciones por desempleo. Razones económicas de difícil comprensión cuando también se nos insiste en seguir exonerando la cotización de empresas que reinician la actividad desde un ERTE de fuerza mayor, como forma de incentivar el abandono de una situación que todos suponemos que, a salvo de fraude, la empresa no permanece en ella por razones gratuitas. No sabemos aún cual será la extensión temporal de esta crisis,
Las circunstancias que he reseñado, y la cerrazón política que se muestra en los aspectos detallados me llevan a advertir que se ponen demasiadas dificultades para alcanzar un acuerdo. Se está poniendo muy difícil que UGT acompañe la aprobación de una regulación que rompe los esquemas pactados de forma importante.