Hace unos años el profesor Sánchez Salorio sostenía que «vale la pena ser médico, pero no sé cómo será seguir siendo médico». Porque con la precaria condición laboral a la que han sido abocados, cada vez de mayor «proletarización», no parece posible que el médico pueda «trascender el mirar y llegar al discurrir». También la enfermería, en igual precariedad. Todo ello antes y después del aplauso diario en el confinamiento, hoy olvidado.
En España, sobre el papel, no faltan médicos a pesar del discurso exculpatorio de algunas comunidades autónomas. Hay al menos 3,9 por mil habitantes (la media en la OCDE es de 3,4). Problemas se dan en la distribución por especialidades. Y sobre todo en la precariedad laboral y los bajos salarios de los facultativos. Los datos de la enfermería, con 5,7 por mil habitantes (la media europea es de 9) y similar precariedad laboral, trabajando en Europa otros veinte mil, todavía son peores. Para ellos y los pacientes. Añádase a ello la «prioridad hospitalaria» que en los últimos ocho años ha supuesto un crecimiento del 12 % de los médicos en hospitales, frente al 1,5 % en atención primaria, donde solo hay un tercio de los médicos que están en hospitales.
El martes pasado el Gobierno aprobó un real decreto que autoriza la contratación excepcional de personal facultativo y no facultativo. Estima que se podrían contratar 10.000 profesionales, unos 4.557 médicos sin MIR y 234 médicos extracomunitarios. O lo que es lo mismo, el decreto ha obviado la planificación de recursos humanos reclamada por las organizaciones médicas, partidarias de contratar en la pandemia 12.000 profesionales, entre jubilados y licenciados sin MIR, para que realicen triaje telefónico, rastreo de contactos o tareas burocráticas que ahora soportan los médicos de familia y contribuyen al colapso en los centros de salud, pero no para hacer el trabajo de médicos especialistas como indica el decreto. Y han dado una patada en la mesa a una de las joyas de la ensoñación sanitaria de España, la formación especializada MIR. Todo ello sin atender siquiera a las recomendaciones de la Comisión parlamentaria para la Reconstrucción, aun siendo un dictamen voluntarista en opinión de la profesora González López-Valcárcel, sobre el que señalaba: «Me ha decepcionado la fórmula elegida para flexibilizar la captación, retención y estabilización de profesionales sanitarios. En la práctica es similar al de la universidad, que ha exacerbado la endogamia y hecho desaparecer la competencia».
Será de agradecer que gestores y políticos analicen la realidad con datos y promuevan para ello el análisis y la evaluación de los recursos humanos sanitarios, tanto en lo que hace referencia a la formación especializada como al mercado de trabajo, acudiendo para ello a la AIReF. Agencia independiente con experiencia evaluadora -publicada- en tecnologías sanitarias y gastos farmacéuticos, o en los planes de formación de personal investigador FPI y de recuperación de talento científico «Ramón y Cajal». Por obviar el tanteo utilizado hasta ahora, que al parecer solo les permite persistir en el error.