Dentro de sus limitaciones económicas en comparación con los cuatro grandes (Alemania, Reino Unido, Francia e Italia), y a pesar de su tardía incorporación al club por culpa de la dictadura franquista, España fue siempre un socio serio y fiable en la Unión Europea. Lo fue con Felipe González, con Aznar, con Zapatero y con Rajoy. Incluso en los momentos de mayor zozobra económica, provocados por la crisis del 2008, respondió con solvencia después de corregir el rumbo y cumplió sus compromisos sin más travesuras que mostrarse remolón a la hora de ajustarse a tiempo a los objetivos de déficit. Y, a pesar de la eterna trifulca partidista, su modelo político democrático fue siempre estable y no generó especiales problemas en Europa. Pedro Sánchez parece empeñado, sin embargo, en convertirnos en un miembro incómodo, sospechoso y problemático de ese club europeo.
Nunca había recibido España un rapapolvo tan severo como el que acaba de asestarle la Comisión Europea ante la pretensión del Ejecutivo de dejar el poder judicial en manos de su mayoría de gobierno. Un capón que nos pone a la altura de países problemáticos (Polonia, Hungría) a los que hay que vigilar de cerca, y amenazar con sanciones, para que se ajusten a los baremos democráticos exigibles en la UE. Pero a ese baldón político, el Gobierno suma ahora el de convertirse en un miembro poco serio, sospechoso e imprevisible en lo económico. En julio, tras situar a España como el país que peor ha respondido a la pandemia en términos sanitarios y económicos, Sánchez se hizo aplaudir por sus ministros y diputados cuando el Consejo Europeo aprobó la concesión de 140.000 millones de euros para paliar el desastre. Esa era la cantidad que el país necesitaba urgentemente, según Sánchez. La UE accedió, pero dispuso que la mitad, 70.000 millones, fuera en créditos ventajosos pero condicionados a una gestión eficiente, para asegurarse de que el dinero se invertía con un mínimo de rigor.
Ahora, Sánchez da la razón a quienes recelaban y le dice Europa que ya no necesita que le dé a crédito esos 70.000 millones que hace dos meses consideraba imprescindibles a corto plazo para nuestra supervivencia. Que solo quiere la pasta que va a fondo perdido y que se la gastará en tres años. Es decir, antes de las elecciones. Y que si al final hiciera falta pedir esos otros 70.000 millones a crédito, que apechugue con ellos el próximo Gobierno, que quedará así fuertemente condicionado y con la caja vacía si las cosas se complican aún más. El episodio a lo toma el dinero y corre es coherente con un Ejecutivo que decide siempre pensando en su rédito político a corto plazo, y no en el futuro de España. De hecho, ya ha colocado en los presupuestos 27.000 millones a cuenta de una ayuda que aún no tiene asegurada y que podría retrasarse.
De tanto jugar con las leyes, con el Estado de derecho y con el dinero, Sánchez e Iglesias pueden acabar agotando la paciencia de los socios europeos y aplazar sine die la ayudas. Las que van a crédito, y las gratis total. Algo que pagarían todos los españoles.