Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo». En 1905, el filósofo Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana, conocido como George Santayana, dejó escrita esta sentencia en su libro La razón en el sentido común. Pero si, en efecto, olvidar lo que se hizo mal conduce inevitablemente a repetirlo, borrar aquello que se hizo bien es dar un paso más y adentrarse en una espiral perversa de imposible salida. Eso es lo que, 44 años después, buscan quienes presentan la Ley de Amnistía, con la que España evitó repetir el mayor de sus errores, como una ley de punto final impuesta a la izquierda por la dictadura franquista para autoindultarse, y que hay que derogar. Para desmentir esa falsedad histórica basta consultar aquí el Diario de sesiones del pleno del Congreso del 14 de octubre de 1977, en el que se aprobó la Ley de Amnistía. Un ejercicio que recomiendo a todos, no solo para conocer la verdad, sino para comprobar cuánto ha degenerado la oratoria de nuestros parlamentarios.
«¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre?... Pedimos amnistía para todos, sin exclusión del lugar en que hubiera estado nadie». Quien así hablaba era Marcelino Camacho, secretario general de Comisiones Obreras y diputado del Partido Comunista. Dos semanas antes, el secretario general del PCE, Santiago Carrillo, había sido aún más explícito en un mitin. «Queremos hacer cruz y raya sobre la Guerra Civil de una vez para siempre», proclamó. Y precisó que la amnistía debería ser «para todos, los de un lado y los de otro».
Xabier Arzalluz, portavoz del PNV, dijo también ese 14 de octubre en el Congreso que la amnistía debía ser «de todos para todos» porque «es la única manera de que podamos darnos la mano sin rencor y oírnos con respeto». El dirigente vasco hablaba ese día en nombre de la Minoría Vasco-Catalana, en la que se incluían, entre otros, los diputados nacionalistas catalanes de CDC y ERC. Por tanto, lo que hacen ahora los independentistas y Unidas Podemos al impugnar la Ley de Amnistía, y particularmente el secretario general del PCE, Enrique Santiago —al que Yolanda Díaz debería desautorizar si quiere liderar un espacio político transversal— es sembrar odio y rencor sobre la obra de concordia y reconciliación de la que sus partidos fueron protagonistas.
Pero también el actual PSOE tiene su cuota de responsabilidad cuando el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, máximo exponente del principio de Peter, sostiene que hay un «consenso historiográfico» en que la democracia no llegó hasta 1982, cuando el PSOE ganó las elecciones. ¿Qué eran entonces Felipe González, Camacho, Carrillo, Arzalluz, Dolores Ibárruri, Rafael Alberti o Francisco Letamendía, diputado entonces de Herri Batasuna? ¿Procuradores de las Cortes franquistas? Se echa en falta que alguno de los supervivientes de aquel Parlamento de la Ley de Amnistía desenmascare a esos reescribidores de la historia.