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La falta de un criterio coincidente de la Justicia vuelve a dejar nuestras vidas en manos de sus señorías, en vez de hacerlo en las de la comunidad científica y sanitaria. Que es lo que anhelamos todos porque con una pandemia por covid no se acaba a golpe de legislación o códigos jurídicos. Ya vivimos este capítulo hace algunos meses y fuimos incapaces de solucionarlo con racionalidad, como hicieron países de nuestro entorno estableciendo un mando único, lo que hábilmente rechazó el Gobierno ante las demandas de gestión de las comunidades autónomas. Y volvemos a la misma situación.
Las justicias del País Vasco y Aragón denegaron la exigencia del pasaporte covid para acceder a determinados lugares. Por el contrario, la de Galicia ya accedió a poder usarlo en centros sanitarios y puede que amplíe su concesión, al igual que las de Cataluña y Baleares. Un galimatías que induce a un desconcierto general y también, por qué no decirlo, a una desigual lucha contra el mismo enemigo, que va a repercutir dramáticamente en el resultado final. Nuestro país exporta a medio mundo científicos, investigadores, virólogos y epidemiólogos. Y, sin embargo, aquí estamos en manos de quienes manejan una legislación dictada para tiempos de normalidad y sosiego y sin la amenaza que ahora se ciñe sobre nuestras cabezas.
Por encima del derecho a la libertad de circulación, de reunión y de todas las que se apunten, está el salvaguardar las vidas. Esa debería de ser la primera preocupación de sus señorías. Y si los responsables sanitarios deciden que utilizando los certificados de vacunación se contribuye a salvar vidas, ellos deberían ser los primeros en apuntarse a imponerlos.
Al menos una docena de comunidades autónomas están dispuestas a exigir el pasaporte covid en determinadas circunstancias por la posibilidad de que la incidencia del virus pueda dispararse, como está ocurriendo en numerosos países europeos.
Pero, según parece, el problema radica en la proporcionalidad de las medidas solicitadas. Que siendo razonables, deben decidirlas y decretarlas quienes velan por nuestras vidas. Y no sus señorías. Que están para otros asuntos.