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Una de las asignaturas que tenemos que aprobar, dentro de una larga catarata de pendientes, es la de la financiación autonómica. Nadie en este país, ni quienes lo rigen, disponen de argumentos para mantener su defensa. En eso estamos todos de acuerdo. Y, probablemente, de igual forma lo estemos en que no se trata solo del reparto, que también, sino de otro modelo de gestión por parte de los responsables autonómicos.
Porque de la cumbre de Compostela de los ocho presidentes autonómicos se pueden extraer conclusiones para frenar el desequilibrio territorial. Es evidente que una parte del territorio está siendo ninguneado, como lo demuestra que Madrid sea la comunidad con mayores inversiones del Estado, gobiernen socialistas o populares. Que, por cierto, es la práctica que ellos usan en las autonomías que gestionan.
En las 35 propuestas planteadas en esta cumbre hay reivindicaciones que van de la despoblación a los ansiados fondos europeos. Pero nada se dice de un compromiso por parte de los reunidos para poner en práctica otro modelo de administración que contribuya también a un cambio radical de sus territorios.
Porque Galicia ha dejado de invertir 1.400 millones de euros de los fondos europeos, gestión que le ha valido una reprimenda del Consello de Contas. Aragón no parece haberle prestado gran atención a Teruel, a la vista de los movimientos vecinales que ya están en el Parlamento. En León toma cuerpo una corriente para abandonar la comunidad, al sentirse maltratado frente a Valladolid o Burgos. Castilla-La Mancha recibe duras críticas por obviar el desarrollo de Albacete o Guadalajara. Y en Asturias, día sí y día también denuncian la inacción de su Gobierno, sin necesidad de referirnos a Cantabria, donde su líder actúa como un cacique bueno. Y los gallegos sabemos muy bien lo que esto supone.
Por eso, la cumbre compostelana hubiera quedado redonda si las propuestas aprobadas fuesen 36 y se añadiese la que dice que «los presidentes reunidos nos comprometemos a revisar el modelo de financiación y gestión de nuestras comunidades y aplicarlo con criterios de equidad, rigor y justicia, para no caer en los mismos errores que denunciamos». Así quedaba mejor.