Cerramos el año 2021 y el Gobierno, entre su lista de buenos propósitos para el año 2022, ha incluido dos proyectos legislativos que aspiran a dinamizar el emprendimiento y la creación de empresas emergentes: el proyecto de ley de creación y crecimiento de empresas y el de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, (conocido coloquialmente como «ley de las start-ups»).
Los referenciados proyectos se han presentado como normas que pretenden reducir el coste económico para crear empresas y simplificar los trámites de su constitución, pero ¿realmente es así? ¿Serán efectivas estas medidas? No podemos hacer un balance de unas normas que todavía no han pasado tan siquiera el trámite parlamentario, pero con su lectura nos asaltan dudas más que razonables.
Debemos recodar que la legislación actual ya reconoce, desde hace varios años, la posibilidad de crear «sociedades en régimen de formación sucesiva» con un capital inferior al mínimo legal, así como la llamada «sociedad nueva empresa», que simplifica los trámites para la constitución de sociedades, sin que ninguna de ambas figuras haya tenido efectos verdaderamente dinamizadores. Por otro lado, el lento y analógico funcionamiento de los registros mercantiles, su excesivo celo fiscalizador sobre los estatutos sociales o la pesada burocracia de las entidades financieras para abrir y poder operar las cuentas corrientes de las empresas en constitución, juega en contra de unos proyectos de ley que no aciertan a indicar cómo van a resolver estos problemas con los que, a diario, nos encontramos aquellos que nos dedicamos a asesorar a empresarios y emprendedores.
Por su parte, el proyecto de ley de start-ups contiene algunas medidas algo más ilusionantes (y esperemos que no se queden en eso, en mera ilusión) que prometen incentivar la creación de empresas innovadoras. Entre ellas, destacan medidas fiscales para atraer la inversión (como la reducción del tipo en el Impuesto de Sociedades del 25 % al 15 % en los cuatro primeros ejercicios desde que la base imponible sea positiva), mayor agilidad en la tramitación de visados para los «nómadas digitales» o la eliminación de la doble cotización a la Seguridad Social para los emprendedores que mantengan de forma simultánea un empleo por cuenta ajena.
Dice el Gobierno que el objetivo es seguir atrayendo financiación y talento a este tipo de estructuras empresariales, algo absolutamente necesario si tenemos en cuenta que, en palabras de Carmen Artigas, secretaria de Estado de Digitalización, hasta la fecha, para ser emprendedor de compañías de alto crecimiento tecnológico en España hay que ser casi «un héroe». Pero, a tenor de lo visto, no parece que el apelativo vaya a dejar de ser de aplicación a los emprendedores en nuestro país tras la entrada en vigor de las reformas proyectadas.