No hizo falta «caserazo», como en la convalidación del decreto de la no derogación de la reforma laboral, pero casi. El Congreso convalidó el plan de medidas urgentes para paliar los efectos de la guerra de Ucrania más de dos meses después del inicio de las hostilidades y con un paquete de medidas que ya se había quedado corto en el mismo momento en el que se anunciaron.
Siendo muy relevante que los españoles van a pagar un poco menos —es un decir, viendo el precio real en el surtidor— por los combustibles y que algunas empresas van a recibir una inyección de liquidez importante con dinero público —que habrá que ver si no ocurre como con los créditos ICO—, también parece evidente que se ha perdido una ocasión de ser más ambicioso y ampliar los objetivos del salvavidas público.
Desde que España se instaló en el «no es no, ¿qué parte del no es la que no entiende?» —Pedro Sánchez a Mariano Rajoy antes de ser defenestrado por sus compañeros del PSOE— parece que entenderse entre partidos políticos solo está al alcance de los que comparten espacio ideológico y que, además, logran sacar tajada.
Esta vez, el Gobierno también ha tenido que convencer con toda clase de prebendas a sus teóricos aliados. A los independentistas les ha franqueado las puertas de la Comisión de Gastos Reservados del Congreso. No es un gesto menor. Allí se debaten asuntos clave para la seguridad de un Estado del que todos quieren salir. Y ahora tendrán acceso a muchos de esos datos sensibles con una reforma unilateral de una norma que el propio PSOE aprobó en el 2004, ya con Zapatero. Otros, como Teruel Existe, se han conformado con temas menores, como una paralización de los trámites para la concesión de parques eólicos.
Pero el problema es que la dinámica de cesiones se ha establecido ya como dogma y cada votación se convierte en una agonía para los inquilinos de la Moncloa.
Los estrategas de Pedro Sánchez han decidido que con el PP no se puede pactar nada, aunque sea razonable, y prefieren una suerte de funambulismo que hace que el suspense en las votaciones clave se mantenga hasta los instantes finales.
El problema de vivir con la amenaza de la guillotina parlamentaria de forma permanente es que debilita la credibilidad del discurso oficial. Mientras, los españoles seguimos padeciendo una crisis galopante, un IPC desbordado, unos precios de la energía imposibles para la gran mayoría de los ciudadanos y un hartazgo por la falta de previsión de nuestros dirigentes. Sánchez salvó otro matchball en su apuesta por acabar la legislatura. Pero a este paso, si sigue dependiendo de los decretos, se va a quedar sin nada que ofrecer a sus teóricos aliados.