Nos pasan por delante de los ojos, pero no los vemos. Y eso que ya resulta alarmante el número de agresiones sexuales que últimamente se quedan en nada. Muchas de ellas, por unos indecentes pactos judiciales que dejan a las víctimas en una situación de clara vulnerabilidad, a la vez que generan idea de impunidad.
Hace un par de días, este periódico daba cuenta del último. En Lugo, un joven evita entrar en prisión tras abusar de una adolescente de 14 años a la que dejó embarazada. La Fiscalía pedía nueve años de cárcel, pero un acuerdo de conformidad entre las partes rebajó la pena hasta los dos. Es un caso más.
No afrontamos con la severidad necesaria las agresiones de tipo sexual, que aumentan en un 58 % las que cometen los menores. El 92 % de ellas quedan impunes al no denunciarse. De las que llegan a la justicia, el 37 % se archivan por no ser creíbles. El 38 % de las sentencias terminan en absolución. Y el 12 % de los fallos condenatorios permiten no cumplir las penas.
Porque lo que se lleva es la llamada sentencia de conformidad, en la que, por arte de magia, la agresión se transforma en abuso. Un acuerdo de todas las partes por el que los agresores evitan la cárcel a cambio de una indemnización y un curso de reeducación sexual. Sirve desde los agentes del orden que asaltaron un piso de Estepona para violar a una joven de 18 años, hasta el capataz de Murcia que violó a una jornalera. Son, como el de Lugo, ejemplos de los pactos que se alcanzan ante el asombro e irritación general.
Resulta inaceptable que jueces, que aún así pueden acordar el cumplimiento de la pena, acusación particular y fiscales entren en una negociación altamente obscena e incumpliendo el Código Penal, que establece duras condenas para estos delitos.
Jamás una agresión sexual puede cerrarse con un acuerdo. Porque, aunque exista entre las otras partes, la Fiscalía, obligada a defender la legalidad y el interés público, tiene el deber de mantener la acusación. Pero, sobre todo, porque se incumple el Código Penal, que en su artículo 191 recoge que «en estos delitos, el perdón del ofendido o del representante legal no extingue la acción penal ni la responsabilidad de esa clase». Pero están empeñados en que violar salga gratis. Y lo están logrando.