Siempre pensé que uno de los grandes problemas de la democracia era la tendencia de los políticos a perpetuarse en los cargos, la ley de hierro de la oligarquía, diría Michels, que tanto daño hace a los partidos pero tan difícil es de evitar.
Nadie quiere ceder el poder, y por eso se dan golpes de Estado, se corrompen elecciones o se modifican constituciones. Cualquier fórmula vale, desde las normas a las armas, para no permitir que los otros ocupen nuestros puestos. Chávez, Evo, Trump, Obrador, Putin y tantísimos más han tenido esa vocación de perpetuidad que los ha llevado en nombre de la libertad, la patria o el pueblo a transgredir los más básicos principios democráticos.
No me gustó el cerco al Congreso del 2012, aún menos el asalto al Capitolio de hace un año, pero me preocupa más que el Constitucional intervenga el Congreso de los Diputados mientras se está construyendo una ley. Porque el Constitucional no puede atribuirse competencias que no tiene, y solo puede declarar la inconstitucionalidad de una ley cuando esta entra en vigor. Cualquier otra cosa es un asalto al Congreso por la perversa utilización de las normas. Y seguramente muchos magistrados están pensando seriamente la gravedad de lo que propone el PP.
Los señores magistrados saben que, aunque hubiera vicios de procedimiento en la tramitación de la ley, eso no produciría inconstitucionalidad, que solo refiere el contenido de la ley; y saben también que el recurso de amparo contemplado en el articulo 42 refiere la vulneración de derechos fundamentales de los parlamentarios. ¿Cuál es el derecho fundamental de un parlamentario que se ha visto afectado?
Cuca Gamarra ha señalado que el PP presenta el recurso de amparo para que el PSOE y Podemos no controlen el Constitucional, o dicho de otro modo, para que el PP no deje de controlarlo, porque si algo quedó claro en el día de ayer es que el Tribunal Constitucional y el PP comparten estrategia. Porque de eso va para la señora Gamarra, va de Michels, de que los otros no tomen el poder que controlamos nosotros.
El problema es que las palabras de Gamarra deslegitiman la imparcialidad de los jueces, deslegitiman que ellos decidan sobre sus propios intereses, y dan cuenta de que la independencia de la justicia es la gran mentira de la democracia en España.
No estoy de acuerdo con la reforma de los delitos a la carta, ni con el de malversación, ni siquiera con la oportunidad de cambiar ahora el delito de sedición; pero mientras la justicia intervenga en la política, a la política no le queda otra solución que acotar las leyes; porque son los jueces los que se tienen que someter a la ley y no la ley a los jueces.