El ciudadano puede pensar que el enfrentamiento por el control del Consejo General del Poder Judicial es un asunto de las élites, pero de hecho afecta a la esencia de la democracia, por tanto, a la ciudadanía. Algunos insisten en que es un órgano solo de los jueces, cuyos miembros debieran ser elegidos solo por los jueces y sobre el cual debieran opinar solo juristas, profesionales de la justicia, o jurisconsultos, estudiosos del derecho. Se trata de que el ciudadano deje que otros piensen por él. Se trata de despotismo ilustrado.
Aprovechando que el ciudadano desconfía de la política y, sobre todo, de los políticos, se habla de despolitización del poder judicial. Decir que los jueces son todos autoritarios es una exageración. Decir que todos son constitucionalistas es una suposición. Hay que matizar los significados. Autoritario tanto es el que tiende al autoritarismo como el que atiende al principio de autoridad. Constitucionalista tanto es el partidario del constitucionalismo como el experto en derecho constitucional.
Sorprende que quienes se declaran defensores de la Constitución defiendan el bloqueo político de un órgano constitucional a la vez que piden la despolitización del mismo. La Constitución y las sucesivas leyes orgánicas, entre las que se intercalaron proposiciones anunciadas, retiradas o rechazadas (Gallardón, Ciudadanos), no han conseguido evitar la percepción de incapacidad u opacidad de la clase política para garantizar el funcionamiento de un órgano judicial que no debiera ser noticia.
A todos se les llena la boca hablando de la competencia acreditada de los candidatos, siempre que sean afines. Unos quieren que los jueces sean elegidos directamente por jueces afines y otros por mayorías cualificadas de representantes que escojan a jueces afines. Hay quienes no aceptan que el poder esté en el pueblo, sino en el gremio. A ver si, de tanto interpretar a conveniencia la separación de poderes, el poder judicial va a acabar siendo el poder perjudicial.