El pasado año, en el encuentro mantenido con la cúpula de la Fiscalía Antidroga en el pazo de Mariñán, empleamos esta expresión para describir la situación actual de la lucha contra el narcotráfico. Lo que hacemos en líneas generales está bien, pero es insuficiente y es necesario promover cambios de importancia. Se decomisa poco —en comparación con las fortunas que ocultan estos criminales— y se vende tarde, con lo cual perdemos tiempo, dinero y, lo que es peor, vemos con estupor como delincuentes, testaferros y familiares disfrutan durante años de suntuosas propiedades con impunidad. Es una cuestión estratégica que descuidamos porque nada les duele más a estos criminales que arrebatarles ese turbio patrimonio, mucho más que el decomiso de droga o la condena de prisión.
Sabemos que en España tenemos enormes dificultades para probar y condenar el blanqueo de capitales. El caso de Inmobiliaria San Saturnino lo ilustra muy bien. Pasaron más de 30 años desde la primera detención del capo hasta la sentencia firme que decreta el decomiso. Pero con la sentencia no se acaba el trabajo; hay que retornar ese patrimonio lo antes posible a la sociedad y la realidad es que tardamos años y años en hacerlo. Nuestra legislación y los procedimientos reglados, garantistas hasta el extremo, provocan estas demoras. Mientras tanto, miles de propiedades valoradas en millones de euros esperan destino, con los juzgados empantanados y el Plan sobre Drogas desbordado por una carga de trabajo que sobrepasa los medios de los que disponen.
Las soluciones, a nuestro juicio, pasan por tres grandes áreas. La primera, permitir la venta anticipada de los inmuebles decomisados y su uso social mientras no salgan a subasta. Con los pisos, locales, garajes y mansiones hay que aplicar la misma fórmula que se emplea ya con buenos resultados en el caso de embarcaciones y vehículos: vender el inmueble evitando su deterioro y guardar el dinero en la cuenta judicial a la espera de sentencia. De esta manera, cientos, miles de expedientes, encontrarían una solución rápida y eficaz. La segunda es la necesaria especialización judicial, y la tercera, dotar de medios al Plan Nacional sobre Drogas y a la Justicia para gestionar adecuadamente las fortunas decomisadas. Y no nos digan que cuesta dinero, porque es precisamente al revés. Invertir en una gestión eficaz de patrimonios millonarios permitiría obtener un gran beneficio económico, social y, por supuesto, disuasorio, para que el narcotraficante sepa desde el primer momento que el negocio no le compensa de ninguna manera. Ese es el camino. Decía un expresidente nuestro, y tenía toda la razón, que el problema del narcotráfico se solucionará cuando los narcotraficantes al salir de prisión tengan que volver a trabajar para mantener a su familia, como cualquier ciudadano. No conocemos a ninguno que haya hecho tal cosa.