Dentro de siete días la sociedad gallega y la española vivirán un hito culminante. Será uno de los momentos en que se hace efectivo el mandato y el espíritu de la Constitución, que establece en su artículo 1 que la soberanía reside en el pueblo, y de él emanan todos los poderes del Estado. Por eso resulta tan necesario e ineludible presentarse ante las urnas y ejercer el derecho al voto. Son los ciudadanos los que deciden en quiénes delegan su poder, que, en buena democracia, es lo mismo que decir que eligen a quienes les van a servir.
Aunque los avatares de la vida pública desvelan muchas veces que la política está llena de personas que no van a servir, sino a servirse, el principio esencial de la Carta Magna sigue siendo irrebatible, y los electores tienen en sus manos hacer que se cumpla.
Son ellos los que pueden separar el grano de la paja, y para ello la condición esencial es contar con una información solvente, sin limitaciones ni cortapisas, como corresponde a una sociedad libre y a una democracia madura. España lo es y la tiene, aunque hay algunos aspectos impuestos por la ley electoral que todavía tratan a los ciudadanos como súbditos y no respetan su derecho a conocer los cambios políticos que se producen en su entorno.
No se puede entender de otra forma la prohibición de publicar encuestas después del lunes. Nada hay en ellas que atente a los principios democráticos. Y ninguna razón justifica que el veto se ejerza precisamente en el momento crucial de la campaña electoral, cuando muchos ciudadanos necesitan datos y claves para salir de la indecisión y definir el sentido de su voto.
Sin embargo, al contrario que en los países con mayor tradición democrática, la ley española limita el derecho inalienable a la libertad de información y no permite desde cinco días antes al de la votación la publicación, difusión o reproducción de los sondeos.
Aun en pleno desacuerdo, los medios responsables, como La Voz de Galicia, que ha venido publicando su encuesta diaria desde el inicio de la campaña, tienen que acatarlo. Así, la información solvente avalada por institutos de opinión como Sondaxe desaparece. Y, mientras, los chiringuitos propagandísticos usan webs foráneas y redes sociales para sortear la ley y tratar de confundir a la opinión pública con datos sesgados, elaborados con propósitos muy distintos al de informar.
Esta vez ya no tiene remedio, pero tras esta convocatoria electoral vendrán más. Y si no se reforma la ley, el derecho del público a la información leal y veraz seguirá cercenado. Por respeto a los ciudadanos, es hora de acabar con esta prohibición insostenible.