Sanidad privada
Privatizar la sanidad es convertir la sanidad, a la que todos tenemos acceso pagando lo justo, en aquella a la que unos tendrán mejor acceso pagando sin deber y otros, peor acceso sin pagar, pero debiendo. Es evidente que la medicina no dejará morir a nadie en la calle y continuará atendiendo al enfermo independientemente de su nivel económico. Pero aquello de que es mejor morir de pie que vivir de rodillas cobrará mucho sentido en nuestro país cuando, quien no se la pueda pagar, reciba atención médica y, al salir, deba agradecer como bien nacido y como siempre, a los doctores y enfermeros su atención y, como nunca y por primera vez, al samaritano y su dinero, su buena actitud. O sea, que deberemos favores enfermos y los pagaremos con salud. Luis Cabaneiro Santomé. Lugo.
El derecho del pueblo saharaui
La retirada de España del Sáhara el 28 de febrero de 1976, un tanto deshonrosa por cierto, y durante la agonía del general Franco, coincidiendo con la Marcha Verde, sentó las bases de un proceso largo y tedioso para el Frente Polisario y el futuro político del Sáhara. El mismo está amparado por sendas resoluciones de las Naciones Unidas. Dentro del Comité de Descolonización de este organismo figuran como tal 16 territorios, entre los cuales, y por razones evidentemente históricas y sin querer extenderme, no están el País Vasco, Cataluña, Gibraltar, ni Ceuta ni Melilla, pues ya eran españolas estas dos últimas plazas antes de que existiera Marruecos como Estado. La Minurso (Misión Internacional de las Naciones Unidas para un Referéndun del Sáhara Occidental), creada en 1991, tiene como base el censo de dicho territorio del año 1974. Esta y no otra es la única vía que se debe aceptar por todas las partes implicadas para dar una estabilidad a la zona y un futuro al pueblo saharaui del cual España, a día de hoy, seguiría siendo en teoría su administrador único hasta la celebración de la autodeterminación. Por lo tanto, son solo y exclusivamente los saharauis y no los asentamientos que el Estado de Marruecos ha realizado a lo largo de todos estos años, con el único fin de adulterar el posible referéndum, los que deberán decidir su futuro amparados por sendas resoluciones de Naciones Unidas. Estas serían la 690, del 29 de abril de 1991 del Consejo de Seguridad de la ONU, y otra posterior del 29 de abril del 2016, la 2.285 del mismo organismo. En relación con Gibraltar y que no es el tema de este artículo, estaría regido en este último caso por el tratado de Utrecht y que, por cierto, lo deja bastante claro respecto a la posición española con el Peñón. Gustavo Olmedo Portela. Pontevedra.
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