En julio del 2007, el juez Juan del Olmo Gálvez ordenó el secuestro de la revista El Jueves por una portada con una caricatura de los entonces príncipes de Asturias, Felipe y Letizia. En el auto, además de la retirada del número de esa semana, instaba a la Policía Nacional a «recoger el molde de la citada publicación», lo cual fue objeto de todo tipo de chanzas porque a aquellas alturas ya estaba generalizado el uso de internet, el correo electrónico y redes sociales como Facebook, por lo que intentar parar la distribución de la viñeta era como poner puertas al campo.
Me ha venido a la memoria ese episodio a raíz del plan del Gobierno para bloquear el acceso de menores a las webs de pornografía, porque todo el mundo sabe que se puede esquivar las restricciones de acceso a determinadas páginas de internet simplemente conectándose a través de una VPN (red privada virtual). Es lo que hacen, por ejemplo, las personas que viajan a China, o los propios ciudadanos del gigante asiático, cuando quieren entrar en Google, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube, Netflix..., servicios que están vetados allí. Así, si una web con contenido sexual recibe una petición de acceso desde un país que no exige ningún certificado como el que quiere implantar España, cualquiera, independientemente de su edad, tendría vía libre.
Por otra parte, ¿hasta dónde va a llegar la cruzada contra el porno? Porque en las redes sociales hay contenidos que bordean esta calificación, muchos de ellos protagonizados —y creados— precisamente por menores, por no hablar de determinados vídeos que suben influencers, youtubers, estrellas de la música y el cine, o del material que se exhibe en las aplicaciones de citas o contactos. Todos crecimos viendo en alguna ocasión contenidos pornográficos en revistas o en el cine y eso no nos ha convertido en una sociedad perturbada. ¿Por qué el porno es tan peligroso y ver películas o series donde se veja, se tortura y se asesina está normalizado?
Resulta curioso cómo un Gobierno que se autodefine como el más «progresista» del mundo está impulsando políticas cuyo fin último es prohibir: prohibidos los móviles en las aulas, prohibido lucrarse en las plataformas de compraventa, prohibidos los patinetes y hasta el aroma de los cigarrillos electrónicos.