La ofensiva del Gobierno de Sánchez contra los planes de pensiones individuales ha ido recrudeciéndose conforme han pasado los años. Probablemente, el producto de ahorro a largo plazo más maltratado y peor considerado por los diferentes gobiernos de los últimos 15 años haya sido el plan de pensiones. No solo en cuanto a su tratamiento fiscal, sino también por la regulación de su funcionamiento, donde, por ejemplo, se establecen unas comisiones máximas en las diferentes categorías de inversión o la ventana de reembolso de las aportaciones hechas con una antigüedad de más de 10 años, algo que empezaremos a ver dentro de unos pocos años. Siempre bajo unos prejuicios y generalizaciones que han generado conductas viciadas tanto en los gestores de los planes (aparición de multitud de free riders) como en los reguladores (la supervisión de los fondos de pensiones sigue estando unida a la de seguros y bajo el paraguas del Ministerio de Hacienda, siendo juez y parte).
Las familias españolas no están muy sobradas de ahorro provisional, menos aún si se tiene en cuenta un deterioro progresivo de las cuentas de la Seguridad Social. Hemos aceptado tácitamente que el sistema público de reparto puede sobrevivir a medio plazo con un déficit estructural contributivo superior a los 20.000 millones de euros, sin que esto dé lugar a rubor alguno por parte de sus gestores. Aún así, el ahorrador medio a largo plazo piensa (o se le induce a pensar) que estarán los impuestos generales para financiar pensiones si es necesario. O un incremento sin límites de la deuda pública de la Administración de la Seguridad Social, la cual en poco más de siete años se ha multiplicado casi por 10.
Con todo ello, nos encontramos en un cuello de botella en cuanto a las fórmulas de ahorro a largo plazo. Y aquí es donde el Gobierno decidió que en España había que desarrollar el segundo pilar de las pensiones (la previsión social complementaria o planes de empleo) a costa del tercer pilar (los planes de pensiones individuales), aduciendo que era más eficiente una gestión de aportaciones colectivas empresa-trabajador (también para los autónomos) que una gestión de aportaciones individuales.
Nada que objetar a la necesidad de desarrollar los planes de empleo. Todo lo contrario. Es uno de los grandes déficits de la economía española de los últimos 40 años. Mientras que en una parte del territorio las condiciones empresariales y el impulso público sí permitieron el desarrollo de una industria potente de planes de empleo (las EPSV vascas), en el resto solo prendieron en las grandes compañías, algunas mutualidades profesionales y algún otro ámbito restringido.
Por ello, era imprescindible impulsar el ahorro colectivo a través de las empresas. Pero esto se ha hecho forzando a los partícipes a dejar de ahorrar en planes de pensiones individuales y a empezar a hacerlo en planes de empresa cuando todavía apenas hay planes de empresa a los que sumarse. En vez de compatibilizar y generar incentivos para ambos sistemas, han preferido construir el primero en detrimento del segundo.
La evidencia lo muestra. En el 2023, las aportaciones a planes individuales fueron un 61 % menos que en el 2019, mientras que las aportaciones a planes de empleo apenas son un 4 % más. Afortunadamente, los buenos resultados financieros han permitido que el patrimonio global crezca en el 2023, pero no hay que olvidar la conducta que está detrás de los partícipes.
Por supuesto el fortalecimiento del segundo pilar requiere de tiempo para su consolidación. Pero, sobre todo, lo que está claro es que el Gobierno ha conseguido un importante ahorro fiscal vía menores desgravaciones en los planes individuales, amplía su intervencionismo con el fondo público de pensiones de empleo y refuerza el papel de sindicatos y patronales. En definitiva, han destruido una industria (la de los planes individuales) para apenas construir otra (la de los de empleo).