El pasado martes se dio a conocer el acuerdo al que habían llegado PP y PSOE para la renovación del CGPJ. Es cierto que se pone fin a más de cinco años de anomalía constitucional, pero esta concluye con el peor de los escenarios imaginados: continuamos con la politización del órgano de gobierno de los jueces.
Resulta descorazonador observar desde la distancia cómo los dos partidos políticos preponderantes de nuestro país acuden a Bruselas para repartirse cromos judiciales. Se ha hurtado al Parlamento español de su competencia constitucional de abordar la renovación del CGPJ en su seno. Las Cortes Generales van a recibir un acuerdo cerrado, con los nombres de los 20 vocales que van a componer el órgano constitucional y hasta sus sustitutos.
La ley establece además que las Cámaras tomarán en consideración el número de jueces y magistrados que componen la carrera judicial y los afiliados y no afiliados a las asociaciones judiciales (artículo 578.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). Nada de esto se ha cumplido.
Tampoco figuran entre los elegidos ningún abogado o catedrático entre los ocho vocales que deben ser juristas de reconocido prestigio. Los doce vocales que deben ser jueces y magistrados en activo han sido elegidos solo entre los propuestos por dos asociaciones judiciales próximas a los firmantes. Podrían presentar el marchamo de excelentes profesionales, independientes e imparciales, pero por su forma de designación partidista, en bloques y por cuota ideológica, carecen de apariencia tanto de imparcialidad como de independencia.
No podemos olvidar que la apariencia aquí es trascendental porque las instituciones, sin la confianza de la ciudadanía a la que sirven, están irremediablemente unidas a un altísimo riesgo de fracaso. Y trasladar una imagen absolutamente politizada del órgano de gobierno de los jueces no transmite ninguna confianza.
Los seis candidatos que se presentaron a título particular pero avalados por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, a la que me honro pertenecer, acudieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la paralización del proceso de renovación del CGPJ en el Parlamento. Y consiguieron que se dictase una sentencia condenando al Estado español por vulneración de sus derechos civiles. Este hito histórico permite decir alto y claro que el actual sistema de designación de vocales, obscenamente dominado por las cúpulas partidistas, no responde a la exigencia constitucional. Pese a ello, seguimos asistiendo al ominoso panorama de un Parlamento que simplemente da un formal barniz constitucional a unos vocales cocinados en Ferraz y en Génova.
El hecho de que la Asociación Francisco de Vitoria, con casi mil asociados, no tenga representación en el CGPJ solo viene a acreditar de forma palmaria nuestra independencia, libertad y compromiso exclusivo con la mejora de las condiciones profesionales de los más de cinco mil jueces que componen la carrera judicial.
Toca seguir en la tarea, no vamos a desfallecer. El próximo CGPJ realizará múltiples nombramientos de la cúpula judicial y es fundamental avanzar en la objetividad de esos nombramientos y en una verdadera baremación del mérito y la capacidad. La imagen de la Justicia irá aparejada a cada una de sus decisiones, y su suerte será la de miles de jueces que solamente quieren tener mejores medios para proporcionar a la ciudadanía una justicia de mayor calidad.