Si la cosa consistía en no satisfacer a alguien, sin duda se va a lograr. Pero si lo que se pretendía era una resolución razonada y ajustada a lo ocurrido, la finalidad no asoma ni por casualidad. Porque es necesario disponer de media docena de másteres en las mejores universidades del mundo para entender la sentencia por la tragedia de Angrois.
El fallo ya se conoce. Dos años y medio de cárcel y cuatro y medio de inhabilitación para el ejercicio profesional al conductor del Alvia, José Francisco Garzón, y al exdirector de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte. Y el pago de una indemnización de 25 millones de euros a las víctimas, con responsabilidad civil directa de las aseguradoras de Renfe y Adif.
Hasta aquí todo correcto. Su señoría entiende, que ya es mucho entender, que la responsabilidad de los 79 muertos y 143 heridos se reduce exclusivamente a estos dos trabajadores. Y que nadie más, ni por acción ni por omisión, tiene incumbencia en lo ocurrido.
Pero es que los razonamientos de la sentencia contradicen el fallo. Porque acredita que el maquinista recibió una llamada de 100 segundos que hizo que se despistase. Añado yo que la llamada, para indicarle la entrada en la estación de Pontedeume, era de un compañero de tripulación (interventor). Es decir, que la llamada forma parte de su tarea profesional. No se la hicieron para hablar de un asunto banal. Y eso motivó que el convoy entrase en la curva de Angrois a una velocidad desmesurada, 176 kilómetros a la hora.
Y como las catástrofes son siempre una conjunción de errores, la tragedia resultó inevitable. Porque, según su señoría, «no había nada en la vía que lo protegiese en caso de que, por cualquier causa, el maquinista no cumpliese la obligación que le imponía el cuadro de velocidades máximas de llegar a ese punto a 80 kilómetros por hora».
Pero aún hay más. Según el fallo, ambos trabajadores infringieron el deber de cuidado que sus cargos y responsabilidades les imponían, pues sus actuaciones en sus ámbitos «supusieron un incremento ilícito del riesgo de un resultado dañoso que estaban obligados a prevenir y capacitados para evitar (…) y que resultaron fatalmente lesionados, solo pueden ser calificadas como de graves».
Muy enrevesado y hasta un tanto ilógico todo. Nada se dice de quién decidió adelantar la inauguración del tramo por motivos electorales. Nada de los responsables de la falta de medidas de seguridad, que se colocaron semanas después de la tragedia. Y nada se reconoce de que detrás de esta desgracia, de la que Galicia aún no ha despertado, hay incapacidades, torpezas e incompetencias de responsables de las empresas implicadas en el servicio.
La sentencia está a la altura de lo visto en el juicio. Y de lo escuchado desde el accidente. Un repaso a las crónicas diarias de Pablo González ponen de relieve los disparates vividos en este tiempo. A los que se une la sentencia, que resulta un tanto inexplicable. Como todo lo de Angrois.