Hace ya 13 años, bajo la presión europea y de los mercados, se aprobaba en España una ley que establecía límites a la deuda pública para todas las administraciones. Se fijaba como máximo el 44 % del PIB para la Administración central, el 13 % para las comunidades autónomas y el 3 % para las entidades locales. Hoy solo las corporaciones locales cumplen. El Gobierno central está muy por encima y las administraciones autonómicas en su conjunto también, con solo 4 de las 17 por debajo de la barrera del 13 %.
Con este panorama existe cierto consenso en que en el tema de la deuda algo hay que hacer, aunque no hay acuerdo en exactamente qué y cómo. Esta semana, el Ministerio de Hacienda ha presentado una propuesta de condonación de parte de la deuda pública autonómica que ha encendido un (no) debate sobre esta cuestión.
Como primera idea conviene aclarar que, desde un punto de vista estrictamente financiero, la condonación de deuda perjudica a la Administración central y beneficia a todas y cada una de las comunidades autónomas, aunque en distinta medida. Al reducir su pasivo, disminuye el dinero destinado a pagar los intereses de la deuda y, por lo tanto, alivia los presupuestos autonómicos. Es cierto que el volumen total de la deuda pública española no cambia, pero la condonación provoca que se centralice parte de ella, trasladando ese coste de financiación al Estado.
Ahora bien, desbordando el mero cálculo financiero, la condonación de la deuda plantea varios interrogantes.
¿Es justa? La condonación cumpliría este requisito si está bien diseñada y compensa a las comunidades que objetivamente han estado peor financiadas y, por lo tanto, si ayuda en mayor medida a las que han tenido que recurrir a más endeudamiento para cubrir ese déficit de recursos. La propuesta del ministerio plantea un reparto territorial de la condonación que se calcula a partir de distintas variables, entre las que se incluye la menor financiación por habitante de cada comunidad. Sin embargo, la fórmula parece diseñada para conseguir un resultado predeterminado y los importes que finalmente se proponen no reflejan la verdadera infrafinanciación de cada territorio. Por lo tanto, puede que se esté premiando la mala gestión más que compensando la mala financiación.
¿Sirve para algo? La condonación será eficaz si tiene potencia para resolver parte de los problemas financieros autonómicos y, por otra parte, si introduce incentivos para una mejor gestión y para que no se vuelva a perdonar deuda. Respecto al primer criterio, el impacto es limitado, ya que solo va a permitir disminuir parcialmente los intereses pagados, pero no resuelve ni mucho menos las necesidades de financiación. En cuanto al segundo criterio, la condonación propuesta no está sujeta a ninguna condición, por lo que el mensaje que se envía a futuro no es muy positivo.