Las cuentas del Concello de Ourense y de la Diputación están más saneadas que nunca. La crisis trajo cambios legislativos que obligan a las entidades locales y provinciales a dedicar su superávit al pago de sus deudas y ese es el motivo principal por el que lucen tanto las balances económicos del Ayuntamiento y la Diputación. El caso es que, si ese dinero se va para pagar créditos pendientes con los bancos, no se puede destinar a inversiones productivas. La economía no se mueve, las empresas no pueden contratar a más personal y Ourense sigue como sigue. Por ese motivo, perder quince millones de euros no es un asunto baladí en la provincia. Se trata de una suma muy importante que habría sido invertida en infraestructuras, en promoción turística, en impulso al emprendimiento y en un largo etcétera de necesidades que ahora mismo están sin cubrir. Quizás lo mejor no sea esperar más por la Administración, que no está actuando como motor económico. El dinero que llega a sus arcas se dedica en un porcentaje elevadísimo a pagar los sueldos de su plantilla y a gastos corrientes, es decir, a su propia supervivencia como instituciones. El alcalde se queja incluso de las dificultades que el propio Concello tiene para contratar personal. El dinero está para pagar a los bancos; no para inversiones que puedan beneficiar a empresas de la provincia ni tampoco para la contratación directa de trabajadores por parte de los ayuntamientos. Ahora que, según nos dicen, ha pasado lo peor de la crisis, quizás sea el momento de modificar las leyes que constriñen la autonomía local.