El Ayuntamiento tuvo un déficit de casi nueve millones en el 2022
15 sep 2023 . Actualizado a las 21:05 h.El debate esta semana de cuatro modificaciones presupuestarias puso la lupa sobre la gestión económica del gobierno liderado por Gonzalo Pérez Jácome, que cuestionan de forma unánime los grupos políticos de la oposición, pero también varios técnicos de alto rango en el Concello de Ourense. Es, pues, el momento de analizar en detalle la situación de las cuentas municipales.
Ejecución presupuestaria
Un déficit de casi nueve millones de euros. Aunque todavía está pendiente de pasar por el pleno, el alcalde aprobó el pasado mes de mayo la liquidación del presupuesto del año 2022. El interventor informó negativamente ese trámite por «omitir información que pode afectar á cuantificación de mangnitudes orzamentarias fundamentais». En cualquier caso, ese documento revela que el Ayuntamiento está en una situación de déficit no financiero, con un resultado negativo de 8.905.908 euros. La existencia de déficit obligaría, en condiciones normales, a aplicar un plan económico-financiero con medidas restrictivas que obligasen al Concello a corregir la situación. Sin embargo, el Gobierno suspendió para este año la aplicación de esas normas. En cualquier caso, se prevé que las reglas de estabilidad presupuestaria vuelvan a entrar en vigor en el 2024, lo que podría dificultar la gestión económica del Ayuntamiento ourensano.
Por otra parte, en el pasado ejercicio el Concello tuvo el segundo registro más bajo de ejecución presupuestaria de la década, con un 46,48 %, solo superada en el 2021, que se cerró con un 41,59 %. Por poner solo dos ejemplos, en el 2013 el registro fue de un 78,89 % y en el 2017, del 69,08 %.
Remanente de tesorería
Un ahorro que se agota. En el último pleno municipal, el alcalde argumentó que la ejecución no es tan importante porque el Ayuntamiento está haciendo las inversiones mediante modificaciones presupuestarias. Para ello es necesario tirar del ahorro municipal, que marcó cifras récord llegando a superar los cien millones. Ahora mismo se situaría en 130.462.246,64 euros, pero un informe elaborado por la oficina de gestión económica y presupuestaria remarca que, si se restan las deudas que hay que abonar y los compromisos de gasto pendientes de ejecutar, el remanente de tesorería se quedaría en 63,6 millones.
Y, todo ello, sin contar con futuras necesidades para afrontar sentencias y atrasos vinculados con las concesiones que el Concello tiene en precario, que el funcionario cuantifica con cuatro signos de interrogación. Hay que recordar, en este sentido, que todos los grandes servicios municipales externalizados funcionan con el contrato caducado, es decir, las redes de aguas, el autobús o la limpieza y recogida de basuras. Esa situación tiene consecuencias económicas. Así, por ejemplo, una sentencia obligó recientemente al Concello a abonar 5.582.370,99 euros a Urbanos de Ourense por el funcionamiento del servicio de transporte entre los años 2015 y 2018 y el PSOE eleva a doce millones la factura total que el Ayuntamiento tendrá que pagar, incluyendo los siguientes ejercicios. Viaqua, por su parte, reclama 13,9 millones por impagos desde hace más de una década relacionados con la gestión de las instalaciones de potabilización y depuración.
Destaca también, aunque en menor medida, un reciente acuerdo del gobierno local para pagar más cada año a la empresa que lleva el aparcamiento en zona azul y la grúa, que también presta ese servicio en precario.
Período medio de pago
Muy por encima del máximo legal. Aunque Jácome fue al juzgado en el año 2018 para denunciar al entonces alcalde, el popular Jesús Vázquez, por tener la mayor parte de los servicios municipales en precario, lo cierto es que, ahora que es él quien dirige el Ayuntamiento, la situación no ha cambiado. El estado de esos contratos demora la gestión económica del Concello y, de hecho, más de la mitad de las facturas atrasadas que el pleno acordó abonar este miércoles tienen que ver con la limpieza o con las redes de aguas. La ley establece que los ayuntamientos deben afrontar sus obligaciones en un plazo máximo de treinta días y, tal y como remarca el informe del secretario municipal sobre la liquidación presupuestaria del año 2022, el Concello está lejos de cumplir. El último examen de la tesorería municipal desvela que el Ayuntamiento tarda una media de 120 días en pagar, es decir, cuatro veces más tarde del tope legal.
La oficina municipal de gestión económica y presupuestaria es clara sobre la «necesidade de implementar os elementos precisos para unha axeitada planificación e execución orzamentaria que permita un mellor funcionamento deste Concello desde o punto de vista de tramitación do gasto». Eso, según dice el informe, evitaría «demoras na tramitación de expedientes, incumprimento do período medio de pago, pagamento de xuros de demora, aprobación de facturas en expedientes de recoñecemento extraxudicial de créditos, informes reiterados de reparo da intervención municipal, etcétera».
En el último pleno, el alcalde culpó al «sistema funcionarial» de los problemas en la gestión municipal. Dijo que la tesorera era «demasiado tiquismiquis» y sugirió que el interventor era «negligente». Sobre la primera de las citadas le volvieron a preguntar este viernes al regidor y este insistió en su idea de forzar el relevo de la funcionaria. «Las intenciones de algo así tan fuerte no cambian de un día para otro», dijo Jácome, que calculó que el cese se completará en un plazo de «tres meses máximo».
El PSOE convocó este jueves una rueda de prensa en la que el concejal Vázquez Barquero salió en defensa de este último. Según dijo, el funcionario está para fiscalizar la gestión económica del Concello «no para reírle las gracias al alcalde». También recordó los audios de Jácome, que ponen en cuestión la legalidad de las adjudicaciones municipales, remarcó. La socialista Natalia González afeó al PP que, en este contexto, facilitase la aprobación de todas las modificaciones presupuestarias que propuso el gobierno local. Además, el nacionalista Luis Seara destacó las dudas de la oficina de gestión económica y presupuestaria sobre las cuentas municipales, «dunha gravidade extrema».
El alcalde promete que las entidades sociales que se quedaron sin ayuda la recibirán
La semana pasada el Concello de Ourense publicó la resolución de la línea de ayudas para financiar proyectos de entidades sociales. Once se quedaron sin subvención, pese a cumplir con todos los requisitos establecidos, por falta de fondos. Es lo mismo que ocurrió el año pasado y el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, repitió ayer la promesa que hizo entonces y que no llegó a cumplir.
Según dice, este jueves dio instrucciones a los servicios técnicos municipales para que se realicen los trámites necesarios para dotar de más crédito a la partida municipal para proyectos de entidades sociales. Según dijo, las once afectadas recibirán la subvención, es decir, la Asociación Xarela, la de personas con discapacidad (ADO), la Fundación Neuroburgas de daño neurológico, la asociación de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y sensibilidad química, ValoresC Innovation, Fundación Amigos de Galicia, Asociación Diabética Auria, Alcer, Discafis-Cogami, Amencer y Esgaia Inserta. Los fondos llegarán «en cuestión de semanas», según dijo este viernes Jácome. Noelia Pérez, del PP, avanzó que seguirá exigiendo más inversiones en este ámbito.
Se trata, por el momento, de una nueva promesa. Más cerca de ser realidad está la modificación presupuestaria aprobada inicialmente este miércoles en la reunión semanal de la Junta de Gobierno Local. Con esa operación, el ejecutivo pretende movilizar 787.570 euros. La mayor parte, 300.000 euros, será para ayudas de emergencia para particulares y el resto se lo repartirán convenios nominativos con nueve entidades, concretamente Cruz Roja, el Banco de Alimentos, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer, la Fundación Monte do Gozo?Proxecto Home, el Comité Cidadán Antisida, la Asociación de Persoas con Discapacidade-ADO, Por Eles y ATOX.