El Ministerio de Hacienda se opone a los planes de Jácome para deshacerse del interventor y la tesorera
OURENSE
El informes de la Dirección General de Estabilidad Presupuestaria y Gestión Financiera Territorial no avalan los ceses propuestos por el alcalde ourensano
23 feb 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Los funcionarios de habilitación nacional encargados de fiscalizar la gestión económica del Concello de Ourense llevan tiempo en la diana del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome. El regidor dijo que son negligentes, los acusó de bloquear su gestión y aseguró que eran «demasiado tiquismiquis». Jácome llegó a abrir expedientes de cese contra el interventor y contra la tesorera, pero en ambos casos el Ministerio de Hacienda no ve motivos para ello.
Dadas las características de ambos puestos, para poder deshacerse de las personas que los ocupan es preceptivo un informe de la Dirección General de Estabilidad Presupuestaria y Gestión Financiera Territorial. Con respecto al interventor —que acaba de presentar una demanda por acoso en la que reclama al alcalde y al Concello una indemnización de 150.000 euros— el dictamen ni siquiera entra a valorar los argumentos expuestos por el gobierno municipal para justificar la medida. «Teniendo en cuenta que el titular del puesto de trabajo [...] fue nombrado por concurso, cabe entender que no procede la tramitación de un expediente de cese por parte del Concello de Ourense», dice el informe firmado por la directora general, Mónica García Sáenz.
El caso de la tesorera es diferente porque accedió a ese cargo por el sistema de libre designación. Sin embargo, el dictamen emitido por el Ministerio de Hacienda tampoco respalda la medida propuesta por el gobierno de Jácome. El informe de la Dirección General de Estabilidad Presupuestaria y Gestión Financiera Territorial desmonta uno a uno los argumentos expuestos por el ejecutivo de Democracia Ourensana, que entre otras cosas acusaba a la funcionaria de dilatar los trámites.
El dictamen del Ministerio exculpa a la trabajadora, defiende su «celo» ante la gestión de los fondos públicos y propone al Concello que aplique mejoras organizativas y que incremente el personal. «La actuación formal de la tesorera general se ajustaría a lo regulado en la normativa vigente, sin que pueda concluirse que se han cometido errores técnicos en el desempeño del puesto de trabajo que permitan a este centro directivo apreciar la invocada falta de diligencia», concluye el texto.
Críticas de Comisiones Obreras
La demanda por acoso presentada por el interventor supone, según Comisiones Obreras, un nuevo episodio en la «actitud del grupo de gobierno y su alcalde, con nombramientos ilegales, traslados injustificables y, sobre todo, la falta de respeto a los trabajadores». El sindicato recuerda que la jefa de la Policía Local también denunció —y una sentencia, pendiente de recurso, le da la razón— y «comienza una etapa de juzgados en la que el alcalde se tendrá que defender».