El Juzgado ordena a Jácome que el interventor al que puso a resolver multas vuelva a su puesto
OURENSE
El juez atiende la solicitud del funcionario y suspende cautelarmente su cese hasta que se celebre el juicio
29 may 2024 . Actualizado a las 18:21 h.Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, firmó el pasado día 18 de abril un decreto en el que ordenaba el cese del interventor municipal. El funcionario presentó un recurso contencioso-administrativo y solicitó como medida cautelar la suspensión de esa resolución. El Juzgado le ha dado la razón y, en ejecución de ese auto, el Concello tendrá que dejar sin efecto su traslado a otro departamento. En concreto, el regidor ourensano lo reubicó como jefe del órgano de Gestión Tributaria y le encomendó la tramitación de las multas de tráfico.
El interventor, Gonzalo Alonso Álvarez, es un funcionario de habilitación nacional, tal y como subraya el Juzgado contencioso-administrativo numero uno en la resolución que se acaba de dar a conocer. «Han de tenerse presentes, desde la perspectiva del interés general, y no solo del particular del demandante, las funciones que desempeñan los funcionarios que ocupan puestos de habilitación de carácter estatal y la delicada posición institucional que ocupan en la corporación local», dice el auto.
El juez apunta que la remoción del puesto de interventor también podría dar lugar a la reclamación de indemnizaciones por parte del trabajador, pero concluye que eso se decidirá en el juicio. Acepta, en cualquier caso, la medida cautelar solicitada por el funcionario y suspende el decreto de cese. Así pues, al menos hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el caso, Gonzalo Alonso tendrá que volver a su puesto.
Cabe recordar, por otra parte, que el Ministerio para la Transformación Digital de la Función Pública inició recientemente los trámites para impugnar también el cese. Y sigue pendiente de resolverse, además, el litigio por la vía social que también abrió el interventor tras su cese. El trabajador acusa al alcalde de acoso laboral y reclama una compensación de 150.000 euros. Según argumentó en el juicio, Jácome lo utilizaba «como un saco de boxeo». El regidor, por su parte, asegura que el funcionario estaba tratando de boicotear su gestión aplicando contra él una «lawfare» (o guerra jurídica).