Jácome reorganiza el gobierno ourensano y asume personalmente la dirección del área jurídica tras las últimas sentencias en su contra

La semana pasada se conoció una sentencia que condena al Concello de Ourense y al alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, a indemnizar a una trabajadora por daños morales. Según recoge la resolución judicial, el regidor se refería a ella como una «inútil», una «inepta» o una «subnormal». Es la tercera sentencia que reprocha a miembros del gobierno municipal de Democracia Ourensana el mal trato que dan a los trabajadores del Ayuntamiento. Ahora Jácome asumirá directamente la gestión del área jurídica.

El alcalde anunció este lunes una reorganización del ejecutivo. Además de intercambiar las carteras de varias de sus ediles, destaca la anulación de la delegación de Abogacía Consistorial. Hasta ahora, estaba en manos de la concejala Ana Fernández Nieto, pero el regidor ourensano ha decidido llevar personalmente esa tarea. Por lo tanto, será él quien dirija el área jurídica del Concello, como ya venía haciendo con la de Recursos Humanos, también muy delicada por las complejas relaciones de Jácome con el personal municipal.

Los trabajadores amagaron recientemente con una huelga y uno de los frentes que tiene abiertos en ese ámbito el Ayuntamiento ourensano es en la Policía Local. Los agentes llegaron a dejar de hacer horas extra, poniendo en peligro la celebración de varios eventos, y el alcalde rectificó sus planes de reorganización del trabajo en el cuerpo. Sin embargo, ese conflicto pasó factura al concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Fernández Martín, que también fue muy criticado por los policías por dejar un coche aparcado durante una semana en una zona restringida de la comisaría para irse de viaje.

Con la reorganización anunciada este lunes por Jácome, Fernández Martín ya no llevará el área de Seguridad Ciudadana. Ni tampoco la de Transporte Público y Movilidad. Esa Concejalía, que pasa a manos de Ana Fernández Nieto, ha sido especialmente polémica en los últimos tiempos por los problemas que acumula el transporte urbano, gestionado en precario desde hace más de una década. De hecho, el próximo pleno municipal debatirá la reprobación de Jácome por la adquisición de unos microbuses que sufren frecuentes averías, hasta el punto de que uno de ellos, que costó cerca de 180.000 euros, no ha recorrido y solo metro y se utiliza como desguace para proveer de piezas al resto de vehículos de la flota.

Fruto de estos cambios sale reforzado el hasta ahora concejal de Participación Ciudadana, Ignacio González Pérez, que cede esa área a Fernández Martín a cambio de la Seguridad. Además, este último se encargará de la Concejalía de Contratación, que hasta ahora era responsabilidad de Ana Fernández Nieto.

Críticas del PSOE

Un comunicado del Concello de Ourense informó de los cambios ordenados por el alcalde, pero no de los motivos por los que Jácome ha decidido esa reorganización. El PSOE sí se ha pronunciado sobre ello y su portavoz municipal, Natalia González, cree que el baile de nombres al frente del área de Transporte Público y Movilidad es un «recoñecemento implícito do seu fracaso» en la compra de los nuevos buses, en la licitación del servicio y en su propia gestión diaria, que califica de «caótica». Algo similar ocurre, según dice, con la Concejalía de Seguridad Ciudadana, en concreto por los problemas para pagar deudas con el personal por pluses y horas extra. En cualquier caso, González calificó los cambios de irrelevantes: «Que o ruído non nos impida ver que en realidade Jácome non delega, el é o responsable de todas as decisións e é o culpable da parálise da nosa cidade».

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