Los comuneros bajan el alquiler y ofrecen un contrato a 11 años para frenar el desahucio de dos pizarreras en Valdeorras
CARBALLEDA DE VALDEORRAS
El abogado de la junta vecinal asegura que siguen abiertos al diálogo con el grupo Irosa-Samaca
30 sep 2023 . Actualizado a las 10:18 h.Ya no piden 4.500 euros por hectárea ni ofrecen un contrato de solo cinco años. La última oferta que la junta vecinal del monte en mano común de Portela-O Trigal ofreció al grupo Irosa-Samaca para frenar el desahucio de dos pizarreras ubicadas en Carballeda de Valdeorras (Ourense) ha rebajado sensiblemente esa cifra, según el abogado de los comuneros, José Antonio Iglesias. Sin querer dar una cantidad exacta, asegura que se le pide la misma que está pagando por hectárea la otra pizarrera que ocupa terrenos comunales. Y, además, sería un contrato a once años, el tiempo máximo que permite la Lei de Montes. «Es una oferta que tienen desde hace nueve días. Estamos a la espera de que nos llamen, pero no tenemos noticia de que quieran reunirse», añade Iglesias. En todo caso, remarca que la junta vecinal sigue interesada en llegar a un acuerdo. «Nunca ha habido intención ninguna de cerrar las empresas ni que se pierdan los puestos de trabajo», señala el letrado. Y añade: «¿Querer que se vayan, para qué? ¿Para no percibir ingresos?».
Eso sí, la posibilidad de un nuevo contrato no significa que los comuneros renuncien a cobrar también el dinero adeudado por la empresa desde el 1 de enero del 2015. La víspera venció el anterior y la empresa dejó entonces de abonar ni un solo euro por el arrendamiento de los terrenos al no haber acuerdo entre las partes sobre el nuevo precio. Quieren cobrar lo que correspondería a estos casi nueve años. Además, los comuneros reclaman que la empresa desista de la expropiación de los terrenos, algo que se ejecutó el pasado mes de marzo tras la declaración por parte de la Xunta del interés público del proyecto empresarial. Está hecho, pero no es firme. La junta vecinal interpuso varios procesos contencioso-administrativos que todavía están pendientes de fallo por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Iglesias rechaza el argumento dado por el presidente de Irosa-Samaca, Rogelio López, sobre la titularidad de parte de los terrenos. López dijo que los habían adquirido antes de su declaración como comunales. Es algo que Iglesias rechaza. Asegura también que esas compraventas fueron fraudulentas. Y remata: «Igual lo que pasa es que quieren vender la empresa, pero sin trabajadores, y por eso estamos en esta situación».
Mientras el acuerdo no llega, siguen pasando los días hacia el 29 de noviembre, fecha en la que está marcado el segundo intento de desalojo de Irosa. Estaba inicialmente previsto para la semana pasada, pero se paralizó tras cerrar Irosa por la presión de los trabajadores, que se negaron a abandonar las naves.