A pesar de la merma constante de alumnos en el rural, este curso hay 300 escolares más que en 2009
11 sep 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La escuela de Solbeira, en Paderne de Allariz, no abrirá sus puertas mañana como el resto de colegios que imparten clases de educación infantil o de primaria en territorio ourensano. El centro es la última víctima de la despoblación galopante que vive la provincia ourensana y que ha visto como desde el año 2009 se han cerrado siete centros educativos: en Larouco, Maside, Éntoma, Montederramo, Xunqueira de Espadanedo y Calvos de Randín, además del de Solbeira.
Pero, sin llegar al cierre absoluto, son muchos los centros que han ido perdiendo aulas, especialmente en las fases educativas iniciales. Hay 72 menos que hace nueve años, lo que supone una reducción del 10 % para infantil, que se ha dejado en el camino 22 unidades. Primaria perdió medio centenar en el mismo período. Con respecto al curso pasado, este año se abrirá con cuatro aulas menos; tres de infantil y una en primaria.
La pérdida de unidades ha llevado también a una reducción de los docentes, aunque según el informe que hacía ayer público CC.OO. la pérdida de 103 trabajadores con respecto al 2009 -un 9 % menos de plantilla- no se justifica en la reducción de alumnos, ya que, en números redondos, la provincia comenzará este curso con 300 alumnos más de los que había en ese año.
La explicación a esa aparente contradicción está en las normativas sobre las ratios necesarias para mantener un aula abierta y al profesorado necesario para atenderla. Si se cierra una unidad porque no hay niños suficientes para mantenerla según esos baremos, los niños no desaparecen; simplemente se acumulan a otras aulas si existe capacidad para asumirlos en el mismo centro o, como ocurre en las localidades más pequeñas, los padres tienen que buscar otros colegios, en ocasiones fuera de su municipio, a los que llevar a sus niños.
Una situación de pérdida de servicios, en este caso educativos, que no hace más que ahondar en las razones por las que las familias deciden abandonar el rural y establecerse en las villas de mayor tamaño o en la ciudad. Aunque, obviamente, no es la única.
Borja Campos, responsable de la federación provincial de Ensino de CC.OO., insistía ayer en pedir a las administraciones públicas «políticas de natalidade e de emprego no rural» para lograr asentar a la población más joven.
Discriminación en FP
Un ejemplo de lo que supone vivir en municipios pequeños está en la Formación Profesional. Los escolares eligen en tercero de la ESO si siguen con el siguiente curso de esta formación o hacen FP Básica, que también está dentro de la enseñanza obligatoria. «Temos dous problemas: a escasa oferta que levamos denunciado dende a implantación da Lomce e o ratio mínimo que temos no rural e que está en cinco alumnos; o que nos leva a ter rapaces que queren facer un ciclo e non poden porque non se chega a ese ratio», señala Dani Rodríguez. El caso se dio el pasado año en varios núcleos, entre ellos en Trives. «Eso é fracaso escolar, porque a única alternativa que teñen os pais é mandar a un rapaz de quince anos a Ourense, coa distancia que hai e sen ter transporte», matiza recordando que en el oriente ourensano solo existen tres opciones para los que opten por ese camino: mantenimiento de vehículos, electricidad e informática.
Ayudas para becas
En relación con el inicio del nuevo curso, Ourense en Común pedirá en el pleno del Concello de Ourense que se incrementen las becas municipales para comedores, libros y material escolar para que «cubran o 100 % da demanda e ninguén quede fóra». El portavoz de la formación, Martiño Vázquez, recordó que el pasado curso «tres de cada dez non recibiron ningunha destas axudas».
Profesorado en Xinzo
La CIG-Ensino también incidía ayer en la merma del profesorado, concretamente en el IES Cidade de Antioquía de Xinzo. Asegura esta formación sindical que este centro «non vai contar co profesorado que sería imprescindíbel para afrontar o curso 2018-2019 co número de docentes suficientes para evitar a masificación de grupos e a perda de reforzos educativos». Culpan a la Xunta de usar criterios «economicistas e completamente escuros» para este recorte que, entre otras cosas, no permitirá desdoblar materias de bachillerato «o que provocará que o grupo de segundo curso quede masificado».
Los padres de Seixalbo amenazan con movilizarse si no se les concede la jornada continua
El curso arranca con varias polémicas. Por un lado la del colegio Padre Feijóo de Allariz. Los padres reclaman una tercera aula para infantil ya que con 51 alumnos superan la ratio de 25 por unidad. Ayer el pleno municipal respaldó la reivindicación. La segunda está en el CEIP de Seixalbo, donde el grupo de padres que promueve la implantación de la jornada única anunció protestas para expresar su malestar ante la negativa de la Xunta a dar el visto bueno al cambio, que sí tiene el respaldo del Consello Escolar y del claustro de profesores. La Xunta alude al informe desfavorable del transporte escolar. La primera concentración se producirá este miércoles frente al colegio. Para los padres la Consellería de Educación está anteponiendo «os intereses políticos e económicos aos beneficios pedagóxicos e de conciliación que supón un horario máis razoable para os cativos». De hecho, consdieran que se está discriminando a sus hijos con respecto a otros colegios públicos de la ciudad que sí disponen de ese horario continuado que les permitiría dedicar las tardes a otras actividades.
El de Seixalbo es uno de los pocos centros que mantiene ese horario en la provincia. Hay media docena que mantienen la entrada a las 10.15 horas y salida a las 17.00 horas: Calvo Sotelo de O Carballiño, Curros Enríquez de Celanova, CEIP de A Peroxa o el CPI Virxe da Saleta de San Cristobo de Cea. Desde CC.OO. señalaban ayer que este tipo de horarios dificulta la conciliación familiar y es excesivo para los menores y pide a la consellería «algo máis racional».