La concejala de Benestar Social Municipal, Carmen Fouces, dio cuenta ayer de la reunión que mantuvo el jueves con miembros de asociaciones que trabajan con personas discapacitadas y dependientes -Alba, Anfapo, Cogami, Xuntos, Amizade y Juan XXIII- para valorar la incidencia de la reforma de la ley de dependencia. Aunque los colectivos quedaron en hacer público en breve su posicionamiento, sí trasladaron al Concello su preocupación por el impacto de los recortes en los servicios que prestan a sus usuarios. En este sentido, aludieron al impacto que el copago sanitario va a tener en personas polimedicadas -«que terían a desculpa para deixar o tratamento», dijo Fouces-, a lo que hay que sumar el descenso de fondos públicos que sufragaban servicios como pisos tutelados o terapéuticos para enfermos mentales. Las asociaciones temen que las familias tengan que aumentar sus aportaciones.
La edila sostuvo que se va a producir un «desmantelamento» del modelo de dependencia, que va a dejar a gente fuera del sistema: «Non vai haber nin beneficencia e volverase á economía sumerxida». Fouces criticó la reforma de la ley, que se añade a los recortes en el plan concertado. «O Concello vai seguir facendo o esforzo orzamentario, pero hai que sentarse coa Xunta para que asuma a financiación que lle corresponde», apuntó.