Unos y otros coinciden en criticar los recortes en materia de Justicia
20 jun 2013 . Actualizado a las 13:16 h.Representantes de plataformas de afectados por las preferentes y subordinadas y personal de la Administración de Xustiza unieron ayer sus fuerzas en Pontevedra para hacer un frente común ante los recortes. Lola Filgueira, de Comisiones Obreras, precisó que los preferentistas «están particularmente afectados por los recortes en la Justicia». No en vano, solo la Ley de Tasas les impone el pago de una tarifa por el mero hecho de acudir a la vía judicial para ejercitar sus derechos.
Esta reforma legal ya se está notando en los juzgados, toda vez que se ha percibido un descenso de los asuntos: «Se calcula que una media de un 25 % a nivel nacional. Significa que la gente no demanda porque no puede pagar».
Antes de que la concentración a las puertas de la Audiencia Provincial se tornara en manifestación por algunas céntricas calles de la capital, Manuel Valle, del CSI-F, insistió en que «se nos está privando de derechos. Unos derechos meramente administrativos, que no tienen un respaldo judicial, no existen, están solo sobre el papel».
La idea que los varios cientos de personas que se movilizaron en la ciudad del Lérez quisieron trasladar a la ciudadanía es muy concreta: «Lo que se está haciendo con la Justicia es una privatización, y una privatización de derechos que hasta ahora teníamos otorgados por nuestra Carta Magna».
Tras remarcar que la situación por la que atraviesa la Justicia es similar a lo que está ocurriendo con la Sanidad, Lola Filgueira incidió en que las modificaciones legislativas contribuirán a fomentar una Justicia de dos velocidades. De este modo, lamentó que en un futuro «el que tenga dinero va a poder pagar y el que no se va a quedar, una vez más, en desventaja».
La advertencia de los convocantes de la movilización es clara, concisa y contundente: «Estamos pasando de un Estado con una tutela judicial efectiva a un Estado con una tutela judicial en efectivo», sostuvo Filgueira.
La de las tasas no fue la única modificación legislativa sobre las que los manifestantes cargaron tintas, ya fuera por sus presumibles consecuencias económicas para la ciudadanía -la «privatización» del Registro Civil o la creación de un partido judicial único- o por la derivación política que se pudiera generar. Es el caso de las pretendidas reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Código Penal, las cuales podrían determinar que el fiscal fuese quien instruyese las causas en lugar del juez de instrucción. «Y ya sabemos lo que conlleva. Solo tenemos que remitirnos al caso Blesa o al caso de la infanta Cristina para ver cómo actúa el ministerio fiscal de forma independiente».
Este espíritu presidió las dos movilizaciones de ayer. La primera se celebró a las puertas del edificio judicial de A Parda, mientras que ya pasadas las doce y media del mediodía arrancó la marcha de la Audiencia Provincial. Estaba presidida por una pancarta en la que se leía «Xustiza para todos» y en la que se corearon lemas exigiendo la devolución del dinero atrapado a los preferentistas.