Siembra dudas mientras apura el plazo para cumplir el fallo de los sueldos
19 ene 2014 . Actualizado a las 07:00 h.El 28 de junio del 2012, un decreto del alcalde Miguel Anxo Fernández Lores (BNG) autorizó una dedicación exclusiva a Miguel Filgueira Touriño, el entonces nuevo concejal del Bloque, que entró en la corporación en sustitución de la edila Lola Dopico, que acababa de abandonar la corporación y que no gozaba de dedicación exclusiva. Se elevó así hasta 697.816,44 euros la partida para pagar a los políticos municipales en Pontevedra.
Desde entonces, la historia es conocida. El PP pidió explicaciones por una autorización realizada exclusivamente por el alcalde, sin consideración previa del pleno. El BNG, en acuerdo con el PSOE, reaccionó dejando a los concejales del PP sin sueldo. Después, crisis en el PP, dimisiones de ediles populares y reacción judicial de su líder, Jacobo Moreira, que reclamó en el juzgado lo que se retiró en la sesión plenaria del 23 de julio del 2012. Según sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), aquellos sueldos se retiraron para «represaliar» al PP por pedir explicaciones políticas sobre el nuevo sueldo del BNG.
Ahora Lores coquetea con la idea de cumplir la sentencia con la mayor erosión posible para el PP. El edil nacionalista César Mosquera ya ha dejado entrever por dónde va la estrategia. Sostiene que la denuncia pública inicial sobre un nuevo sueldo para un edil nacionalista -que elevó hasta nueve el número de concejales del BNG que cobran- respondía a una estrategia del PP que tenía como finalidad poder retirar los sueldos a algunos de sus propios concejales para dárselos a otros.
El argumento es enrevesado. Pero podría resultar exitoso si la idea cala entre María Biempica y Pablo Fernández, ediles populares que sí cobraban antes. Ambos disimulan como pueden su malestar después del anuncio de Moreira de que sus retribuciones las cobrarán los ediles César Abal y Ricardo Aguilar.
Mientras Jacobo Moreira cruza los dedos para que no le estalle otra crisis en el seno de su grupo municipal, el BNG deja caer la bomba y espera, confiado en que el tiempo juega a su favor.
El PSOE, incómodo
Ese tiempo lo está ganando de la mano de los plazos para cumplir la sentencia. Escudado en los servicios jurídicos, el BNG dice que el cumplimiento del fallo es complejo, aunque parece tener ya claro que los atrasos correspondientes a los pagos que no se han hecho efectivos desde el acuerdo plenario, ahora invalidado por el juez, no se pagarán.
El PSOE, incómodo desde el minuto uno con la decisión impulsada por el BNG de retirar los salarios al PP, pide que se cumpla la sentencia, sin rodeos ni dilaciones innecesarias.
Y es que no hizo falta modificar el presupuesto municipal aquel 28 de junio del 2012, cuando Lores firmó un nuevo sueldo de 43.865 euros al año para Filgueira. Porque cada vez que se elaboran las cuentas se prevé que puedan acabar cobrando todos los concejales de la corporación.
Hay recursos presupuestarios en las arcas municipales. De momento no hay informe técnico de cómo aplicar la sentencia. Pero llegará. Queda por concretar si hay voluntad política de pagar. Una mera resolución del alcalde bastaría. Y un nuevo acuerdo plenario le daría consistencia. El problema para el gobierno local es si en esa sesión el PP rescata su propuesta de reducir el dinero que se destina a pagar a los políticos, hasta dejarlo en 338.000 euros.
Esta semana, un informe sobre la evolución salarial de la escuela de negocios Eada y la empresa Icsa sobre directivos y empleados en España le ha dado la percha.
Desde que comenzó la crisis en el 2007, el de los empleados ha bajado, el de los mandos medios en las empresas ha pasado de los 34.803 euros anuales en los que se situaba en el 2007 a 36.522 en el 2013 (un 4,9 % más).
El de los ediles de Pontevedra, mandos intermedios en la estructura municipal, sigue muy por encima: en 43.865. Y el del alcalde, en 63.831. Según el citado informe, más acorde al de un director general. Eso sí, de los de antes de la crisis, cuando cobraban 68.705 euros anuales. Ahora perciben de media 80.330 euros.