Una papeleta para la jueza

PONTEVEDRA

RAMON LEIRO

Si la policía fundamenta la petición de registro del panteón de los Araújo tras la pista de Sonia Iglesias, la magistrada García Prado deberá decidir sobre un hecho sin precedentes

25 feb 2018 . Actualizado a las 19:38 h.

La magistrada Rosa García Prado, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pontevedra, tendrá ante sí toda una papeleta si las pesquisas policiales prosperan hasta tal punto que propiciasen que la jueza tuviera que tomar una decisión de gran trascendencia para la suerte del caso Sonia Iglesias. Si el trabajo realizado por los investigadores logra fundamentar la necesidad de autorizar el registro del panteón de la familia Araújo en el cementerio de San Mauro.

Si las sospechas policiales se logran revestir de base suficiente, asistiremos a una solicitud absolutamente inusual por parte de la Policía y de la Fiscalía: que un juzgado autorice abrir el mausoleo y los nichos de la familia de Julio y David, los dos investigados por el caso Sonia Iglesias. El propósito del registro sería la obtención de muestras de restos de los allí sepultados para contrastar con el ADN de la mujer pontevedresa desaparecida hace siete años, seis meses y una semana.

Petición inusual

No existen precedentes recientes de una petición de exhumación de cadáveres y verificación de identidades de personas sepultadas en un panteón, planteada en el transcurso de investigaciones policiales para esclarecer un crimen, al menos en la provincia de Pontevedra. Siquiera en Galicia.

Las escasas solicitudes de exhumación de cadáveres que han sido autorizadas por juzgados gallegos se circunscriben a demandas de paternidad, robo de bebés y casos de víctimas de la Guerra Civil y de la represión franquista. Uno de esos pocos casos y más reciente aconteció en Ribeira, donde un juzgado permitió en el 2012 la apertura de un nicho para comprobar si había un bebé sepultado en él para realizar así una prueba biológica o si, por el contrario, estaba vacío, como sospechaban los familiares que denunciaban el robo del recién nacido.

El caso de Sonia Iglesias podría dar lugar a establecer un antecedente que incluso siente jurisprudencia. Tanto si la decisión de la magistrada es favorable a la probable petición policial, como si es contraria a la demanda de los investigadores.

32 nichos, trece ocupados

El monumento funerario de los Araújo, situado en la parte más antigua y noble de la principal necrópolis de la ciudad, alberga 32 nichos, de los que 13 están ocupados. Las lápidas acreditan diferentes miembros de varias generaciones de esa familia ya fallecidos.

Juristas consultados me comentan que hay muy pocas probabilidades de que la jueza autorice semejante registro del panteón de los Araújo, salvo que las conclusiones de la investigación y trabajo de laboratorio de la Policía Científica acrediten de modo solvente que hay un alto porcentaje de probabilidades de que los restos de Sonia Iglesias pudieran estar ocultos en el interior de alguno de los nichos de ese recinto fúnebre.

Y si, remotamente la magistrada decidiera autorizar semejante registro, posiblemente solo permitiría que se inspeccionasen los nichos vacíos. Resulta más improbable que se permitiese abrir las sepulturas y exhumar los restos mortales de los fallecidos. Sin duda se trataría de una decisión delicadísima. Normalmente, entre la judicatura hay muchas reticencias a ese tipo de solicitudes por el impacto psicológico que puede ocasionar en las familias.

En contrapartida, si la jueza García Prado resolviese autorizar a la policía a realizar los registros en el panteón de la familia Araújo, aunque se tratase de una decisión recurrible, el auto de la magistrada sería de inmediata ejecución, de modo que una apelación llegaría demasiado tarde si es que prosperase. Sería de aplicación el criterio del «interés general» frente al «interés particular», aun a riesgo de posibles lesiones.

Cooperación necesaria

A estas alturas de la reapertura del sumario que decidió el juzgado, alentada por las pesquisas de la policía, es evidente el nuevo giro que ha tomado la investigación para esclarecer que pudo pasarle a Sonia Iglesias. Se ha reenfocado el caso después de meses de trabajo sordo y discreto, que ha conllevado numerosas comprobaciones, pruebas tecnológicas y, seguramente, escuchas telefónicas. La impresión es muy diferente de lo que vimos en años precedentes.

Los investigadores han dado un salto cualitativo: ya no imputan por un supuesto de detención ilegal, sino que investigan a Julio Araújo por un presunto homicidio. La hipótesis, hasta donde se ha podido conocer, propone que el compañero sentimental de Sonia Iglesias habría sido autor del crimen y que habría contado con ayuda, al menos para hacer desaparecer a la víctima. La imputación policial sobre David Araújo transita en esa dirección. Cooperación necesaria.

Asimismo la policía sospecha que probablemente habrían tenido que contar con apoyo de terceras personas para mover y ocultar el cadáver de la víctima. Siempre que se verificase que inicialmente fue escondido en la vivienda de la calle Camposanto, 2 y luego trasladado al cementerio cercano. Desde hace años, inspectores policiales que trabajan en este caso barruntan esa «ayuda externa».

Las próximas fechas nos confirmarán o desmentirán la solidez del trabajo policial. De entrada, la reapertura del caso lo que sí ha propiciado ha sido la pena de telediario para los investigados. De momento.