1996
24 jun 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Hace ahora veintidós años, en junio de 1996, el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Jaime Gago, dirigía un escrito a los alcaldes de los concellos pontevedreses con rango de cabecera judicial, pidiendo información sobre el estado de los calabozos municipales, de cara a la acogida de penados menores en fines de semana. La entrada en vigor del nuevo Código Penal contemplaba en aquel momento la posibilidad de que algunos presos condenados cumplieran las penas en los depósitos de los municipales del ayuntamiento cabecera judicial más cercano a su domicilio habitual, durante los fines de semana. Los ayuntamientos acogieron el requerimiento de la Fiscalía de forma desigual y decidieron trasladar el asunto a la Federación de Municipios y Provincias. Un real decreto firmado por el ministro Belloch les obligaba además a correr con los gastos de este servicio, lo que interpretaron como una vulneración de la Ley de Bases de Régimen Local por no ser materia de su competencia.