El juez ve «sólidos indicios» de tráfico de drogas en la última redada de O Vao

«Está totalmente encarrilada y vive de lo que vende en las ferias». Con estas palabras describían en junio del 2009 los familiares de María Magdalena Salazar Suárez la situación en la que se encontraba después de que hubiera aceptado tres años y dos meses de cárcel por traficar con estupefacientes. Nueve años más tarde, en octubre del 2018, la Guardia Civil la detenía otra vez en una nueva macrorredada en O Vao, Poio, al considerarla como líder del clan de la Magdalena, uno de los cuatro investigados. Y ahora la Audiencia de Pontevedra acaba de ratificar a la jueza de instrucción al prorrogar la prisión preventiva al entender, ya no solo que existe riesgo de fuga, sino que cabe la posibilidad de reiteración delictiva.

Y es que la justicia pontevedresa, al igual que la Fiscalía y la Guardia Civil, tiene el convencimiento de que existen «sólidos indicios» de narcotráfico en los principales detenidos en el marco de la operación Clavao. De hecho, así se interpreta del auto por el que se confirma el internamiento de María Magdalena en el centro penitenciario de A Lama.

En su caso concreto, los investigadores documentaron su supuesta participación directa en siete transacciones de drogas. A esta circunstancia se añade el hecho de que, en el registro de su chabola, «además de anotaciones manuscritas con sumas de cantidades relativas a las ventas efectuadas, se intervino la cantidad de 1.380 euros» en efectivo.

Por su parte, en la vivienda de su hijo y su nuera, se localizó, entre otros efectos, «una agenda del año 2018 en la que se encuentran marcados los turnos de venta durante todo el año, esto es, los períodos de tiempo en los que corresponde al clan de la Magdalena, al que pertenece la investigada considerándose por la investigación la líder del mismo», refiere al respecto el auto.

A este respecto, se incide en que se investigan una serie de hechos que podría constituir un delito de tráfico de drogas por la venta de heroína y cocaína al por menor a lo largo del tiempo. De hecho, las investigaciones se extendieron a lo largo de doce mes y las mismas estarían centradas en una serie de personas «de etnia gitana pertenecientes a distintos clanes que operarían coordinados, organizados o estructurados para el desarrollo de dicha actividad» en O Vao.

Vigilancias durante un año

Lo cierto es que María Magdalena fue detenida en el transcurso de un operativo que comprendió una serie de vigilancias que arrancaron en octubre del 2017 y culminaron con los arrestos practicados un año después. El auto incide en el hecho de que la agenda intervenida y en la que presumiblemente se consignaron los turnos de venta de droga correspondientes a cada clan -el exjefe de la Guardia Civil de Pontevedra, Jorge González Veiga, precisó en su día que «solo trabajaba un clan por semana», período en el que «los otros tres se mantenían inactivos»- pone de manifiesto que la sospechosa no tenía intención de dedicarse a otra cosa lo que restaba de 2018, circunstancia que apuntala la tesis de una posible reiteración delictiva.

Por aquel entonces, la subdelegada del Gobierno, Maica Larriba, destacaba, asimismo, que el trabajo de los investigadores había posibilitado que «cuatro clanes, importantes clanes de distribución y venta de drogas ubicados en el poblado de O Vao han sido desarticulados».

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