Mantienen la prisión provisional para el suministrador de droga de O Vao

A principios de octubre del año pasado, y en el marco de la operación Clavao, la Guardia Civil asestó la última gran redada contra los clanes de la droga del poblado de O Vao. Por entonces, trascendió que, apenas unos días antes del despliegue policial, se había producido una primera detención de un vecino de este asentamiento marginal de Poio en cuyo coche se intervinieron distintas cantidades de cocaína y heroína. Aquel primer arresto pasó prácticamente desapercibido, si bien ahora ha trascendido la importancia del mismo y los motivos que han llevado a los magistrados de la Audiencia a mantener su situación de prisión provisional.

En el sumario de esta causa que se instruye en el Juzgado de Instrucción número tres de Pontevedra se recoge que la detención se produjo el 14 de septiembre cuando circulaba al volante de un Audi A6 por el entorno de la rotonda de O Vao. Su arresto no fue casual, sino fruto de la vigilancia que la Guardia Civil había establecido desde un año antes, en octubre del 2017. De este modo, nada más dar el alto al coche e identificar al conductor, los agentes llevaron a cabo un registro del vehículo que permitió hallar un cajón bajo el asiento del conductor que guardaba «dos envoltorios plásticos conteniendo uno de ellos una sustancia en roca marrón y el otro una sustancia en polvo de color blanco».

Los análisis posteriores determinaron que se trataba de 30,5 gramos de heroína y 199,2 gramos de cocaína, sustancias que estaban «presuntamente destinadas a su tráfico ilícito». Es en este punto donde radica la importancia de este arresto, toda vez que, de manera indiciaria, era quien proveía a su clan de la sustancia estupefaciente que se distribuía en el poblado del por dicho clan y otros coordinados entre ellos, se recoge en un auto de la sección segunda de la Audiencia.

Es más, los magistrados insisten en esta tesis al sustentar que, en caso de salir en libertad provisional, existe el riesgo de reiteración delictiva. «El aquí recurrente, presuntamente surtía de la sustancia estupefaciente a los clanes, además de participar en las actividades de venta, lo que evidencia la importancia de su papel en la presunta estructura criminal, tanto a efectos pasados como de reiteración futura de la actividad delictiva, presuntamente sostenida en el tiempo como su medio de vida», recoge el escrito frente al que no cabe recurso judicial alguno.

En todo caso, el principal argumento que esgrimió su defensa a la hora de insta a su puesta en libertada fue el de la, presunta, inexistencia de un riesgo de fuga, una tesis que la Audiencia no solo pone en entredicho, sino que mantiene todo lo contrario: «El riesgo de fuga existe y es grave valorando también la entidad de los indicios en su contra».

Argumentos de la defensa

En el auto se refleja que la defensa apeló al arraigo del investigado en el poblado de O Vao, donde reside toda su familia, así como al hecho de que tiene un hijo de 17 años de cuyo cuidado se encargar, pero también se incide en que «su etnia gitana como signo de que poseen un sentimiento de arraigo más intenso».

Tales afirmaciones no convencieron a los magistrados de la Audiencia de Pontevedra coinciden con la instructora en que «esto último no es garantía de la inexistencia del deseo de huida». Al mismo tiempo, recuerdan que la doctrina constitucional afirma que, a la hora de valorar este riesgo, deberán tomarse en consideración unas cuestiones muy concretas: por un lado, las características y gravedad del delito imputado; por otro, las penas que pueden recaerle en caso de ser condenado; y, ya por último, las circunstancia personales de la persona en cuestión.

De este modo, se subraya que «su alegado arraigo en la provincia no se muestra motivo suficiente para desvirtuar el riesgo de fuga, máxime cuando otros miembros de su familia, se encuentran también encausados en este procedimiento». Entre otros, el auto hace referencia específica a la esposa de este vecino de O Vao, al tiempo que se insiste en que «no cabe desconocer la gravedad de las penas a las que se enfrenta el investigado y por ello el riesgo que la amenaza de las mismas conlleva».

A fin de cuentas, los delitos por los que estas personas están siendo investigadas -tráfico de drogas que causan grave daño a la salud y organización criminal o, en su caso, grupo criminal- podrían conllevar penas que superen los catorce años de prisión.

Los cuatro clanes descabezados se turnaban semanalmente para realizar ventas

A lo largo de este procedimiento y en la mayoría de los autos judiciales que han ido trascendiendo, los magistrados han hecho hincapié siempre en una de las pruebas localizadas en los registros de las chabolas realizados en octubre del año pasado: una agenda del 2018.

Y es que en este documento se cree que «se encuentran marcados los turnos de venta durante todo el año. Esto es, los períodos de tiempo en los que correspondería a cada clan, efectuar la venta de estupefacientes, coordinándose entre ellos». Esta agenda fue localizada en la vivienda que ocupan el hijo y la nuera de María Magdalena Salazar Suárez, de quien dicen los investigadores que era la cabecilla del denominado clan de la Magdalena y en cuya chabola, al parecer, «además de anotaciones manuscritas con sumas de cantidades relativas a las ventas efectuadas, se intervino la cantidad de 1.380 euros» en efectivo.

De igual modo, y al contenido de esta agenda, aludió sin citar su existencia el que fuera máximo responsable de la Guardia Civil de Pontevedra, Jorge González Veiga, al día siguiente de la redada cuando afirmó que «solo trabajaba un clan por semana», período en el que «los otros tres se mantenían inactivos». De igual modo, a finales de abril, un acusado de tráfico de drogas al menudeo que finalmente fue absuelto de todos los cargos confirmó esta suerte de turnos de guardia a la hora de vender estupefacientes cuando relató ante los magistrados de la Audiencia de Pontevedra que los vendedores en el poblado de O Vao «van variando», de tal modo que «cada semana se pone uno».

A esta prueba se suman otras intervenidas en el transcurso de la redada, así como las acumuladas durante doce meses de vigilancias y seguimientos.

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