El fracaso de la mesa de negociación conduce el futuro de Ence en Pontevedra a lo que resuelva la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo
03 abr 2022 . Actualizado a las 05:00 h.Una sucesión de noticias que se han agolpado en los últimos diez días tienen como denominador común al Tribunal Supremo y como horizonte, la expectativa de la jurisprudencia que tendrá que sentar. Una vez más en la reciente historia de España, aquellos contenciosos que los políticos han sido incapaces durante años de resolver mediante la negociación y procurando una legislación meridiana, terminan como patatas calientes en las salas del Poder Judicial.
Como supongo que todos ustedes ya conocen, el alto tribunal ha venido aceptando a trámite varios recursos de casación que le obligarán a revisar sentencias de la Audiencia Nacional sobre la continuidad de actividades industriales y fabriles en concesiones sobre terrenos de dominio público marítimo terrestre. El litigio, obviamente, nos pilla de lleno.
Solo en el caso de Ence ya van dos tandas de recursos de casación admitidos a trámite por el Supremo. Son los formulados por la propia Ence, trabajadores, empresas auxiliares y otros operadores contra los fallos de la Audiencia Nacional que atendieron las alegaciones de Greenpeace y del Concello de Pontevedra. Aún queda por saberse de un tercer recurso, que presumiblemente también será admitido, por el fallo de la Audiencia Nacional a instancias de la APDR, que también fue contrario a la prórroga de la concesión hasta 2073.
Tótem social
En Pontevedra sabemos que lo que vaya a ocurrir con la pastera tendrá una repercusión extraordinaria por lo que significa Ence como tótem social. Desde hace décadas convivimos dos corrientes de opinión enfrentadas sobre este asunto. Es decir, quienes consideran que se trata de una empresa económicamente crucial en la ciudad, comarca, provincia y comunidad autónoma en base a su impacto en el PIB, empleo directo y sobre todo el indirecto que genera; y quienes interpretan que es un símbolo a derribar en pro de la causa de la recuperación medioambiental, según opinan cuantos llevan décadas alineados en contra de su permanencia en Lourizán. Ambas corrientes reclaman su condición de mayoritaria entre la opinión pública pontevedresa. ¡Pena de referendo no convocado!
Pero también el asunto Ence es la expresión manifiesta del enésimo fracaso garrafal de la política y de cuantos han tenido responsabilidades públicas en España, en Galicia y en Pontevedra durante estas décadas. El último bluf fue protagonizado por la ministra Teresa Ribera y el PSOE local. Se les debería caer la cara de vergüenza ante el manifiesto fraude a las esperanzas de la ciudadanía que supuso la mesa de negociación y la supuesta prospección técnica independiente que iba a realizarse para la búsqueda de posibles emplazamientos alternativos para el pretendido traslado de la celulosa.
Pontesa y derivadas
En esta delicada materia litigiosa a manejar por el Tribunal Supremo, no todo es Ence. Tenemos otro caso local más. La nave de la antigua fábrica de loza Pontesa, del extinto Grupo de Empresas Álvarez. Su continuidad ha sido cuestionada por otra sentencia de la Audiencia Nacional que aceptó el recurso también presentado por el gobierno municipal de Miguel Anxo Fernández Lores.
Como con Ence, el Concello se mostró contrario a la prórroga que concedía veinte años más de permanencia que asimismo le había otorgado (en el 2017) el Gobierno de la nación presidido por Mariano Rajoy. Si no se recurre el fallo de la Audiencia Nacional, esa instalación de 35.000 metros cuadrados en Ponte Sampaio, a orillas de la ría de Vigo y de la desembocadura del Verdugo, debería demolerse y recuperarse para uso público.
Hoy en día la nave carece de actividad industrial, pero sí mantiene un uso fabril como almacén, explotado por la inmobiliaria Itapú Trade.
Hay otra derivada más que se deducirá del fallo del Tribunal Supremo. Es la suerte de numerosos asentamientos fabriles en dominio público marítimo-terrestre de Galicia. Cerámicas, conserveras, plantas de acuicultura, depuradoras o almacenes de redes y aparejos, entre otros. En suma, empresas gallegas que dan cientos de puestos de trabajo en lo que se denomina cadena mar-industria.
Aguardan saber si prosperarán los recursos de Ence y demás para ver si se asienta una jurisprudencia a la que asirse inmediatamente y poder sortear la caducidad de sus concesiones y contrarrestar las resoluciones del Ministerio de Transición Ecológica que les vienen denegando su continuidad.
Murcia
En medio de esta litigiosidad, el propio Tribunal Supremo falló recientemente a favor del mantenimiento de una prórroga de Costas a una vivienda unifamiliar en el litoral de Murcia, un caso que ha servido para interpretaciones opuestas entre partidarios y adversarios de la continuidad de Ence.
CC.OO. ve claro que con ese criterio el Supremo podría pronunciarse a favor de la vigencia de la prórroga; la APDR entiende que una casa y una industria son situaciones opuestas.
Asimismo, abogados que asesoran a empresas de la cadena mar-industria quieren ver en ese reciente fallo, una luz de esperanza para que pudieran prosperar solicitudes de renovación de los derechos de ocupación en dominio público marítimo-terrestre.
Quedan meses, si no años, de espera hasta que el Supremo se pronuncie. Toca esperar.