Asegura en Pontevedra que guardaba un millón en su casa porque «acumulaba dinero de forma compulsiva»
PONTEVEDRA
Tres de los cuatro acusados negaron en la Audiencia cualquier relación con una partida de dos kilos de coca
07 oct 2022 . Actualizado a las 15:19 h.A principios de julio del año pasado, la operación Vieira - Arena Negra se saldó con el arresto de cuatro personas, dos vecinos de Vilagarcía y otros tantos de Marín, así como con la aprehensión de dos kilos de cocaína y más de 1,3 millones de euros en efectivo.
De hecho, el dinero estaba repartido en fajos de billetes que los investigadores localizaron en distintos puntos de la casa de Fernando S. G., como el salón o tirados por el suelo del faiado. Este jueves, en la primera sesión de la vista oral que se celebra en la Audiencia de Pontevedra, aseguró que ese dinero procedía de inversiones en criptomoneda que había realizado en la deepweb o internet profunda.
De igual modo, aseguró que si tenía esa cantidad de dinero en su casa es porque había tenido «un problema de abuso de drogas» que le llevaba a «acumular dinero de forma compulsiva». Aseguró que fue su abuela quien le entregó en mano 150.000 euros en efectivo, de los que 75.000 euros destinó a estas inversiones.
Sin embargo, a preguntas del fiscal, no pudo precisar el sistema que empleó para transformar las criptomonedas en dinero en efectivo o la entidad financiera que habría empleado para realizar las operaciones limitándose a sostener que había convencido a dos amigos para que invirtieran con él y que fueron ellos quienes dieron tales pasos. De hecho, se negó a facilitar los nombres de estas dos personas «para no perjudicarlas».
Eso sí, confirmó que en el 2014 fue condenado a prisión en Pontevedra por delitos vinculados con el tráfico de drogas, si bien se benefició de la suspensión de esta pena a condición de seguir un tratamiento de deshabituación. Precisó que fue «un éxito», aunque «tuve alguna recaída».
En su intervención, no ocultó sus reproches a la labor de los investigadores, llegando a manifestar que era «mentira» lo recogido por los agentes en algunas vigilancias. Asimismo, manifestó que, una vez fue detenido, inicialmente pensó que era víctima de un secuestro.
Tanto Fernando S. G. como Jesús V. C. y Patricia M. A., quienes fueron arrestados en Avilés negaron cualquier vinculación con los dos kilos de cocaína intervenidos en el operación conjunta desarrollada por la Policía Nacional y Guardia Civil. Estos dos últimos se acogieron a su derecho de solo contestar a las preguntas de su abogada.
La confesión
La única mujer procesada en esta causa era pareja de Jacobo S., quien sí que asumió los hechos de los que esta acusado, señaló que desconocía a que se dedicaba su por entonces novio, así como sostuvo que, en el momento de los hechos, trabajaba en negro en el sector de la hostelería: «Saliendo de la pandemia, los contratos son un ilusión».
Precisó que se dirigía en el coche de su pareja a casa de unos amigos en Asturias cuando fue detenida, mientras que este le había comentado que ya llegaría por su cuenta porque le había salido un trabajo. La policía, por el contrario, considera que ejercía labores de coche lanzadera.
Por su parte, Jesús V. C. confirmó que trasladó hasta Avilés a Jacobo porque este no tenía carné y le ofreció veinte pollos, veinte gramos de cocaína. Añadió que la policía le ofreció incriminar a Fernando S., así como destacó que actualmente está estudiando derecho con sobresalientes.
En cuanto a Jacobo S., aunque reconoció que la droga intervenida y valorada en unos 70.000 euros era suya, negó tener vínculos con el resto de acusados con excepción a la relación de pareja con Patricia M. A., de la que aseguró que hasta los arrestos desconocía sus actividades ilícitas.
En el transcurso de su interrogatorio, el fiscal mostró su extrañeza de que, dado que había perdido todos los puntos del carnés, hubiera recurrido a Jesús para que lo trasladase a Avilés y, una vez en destino, estuviese dispuesto a conducir para hacer el canje de la cocaína. Este sostuvo que no quería que su amigo se enterase de la transacción y que se trataba de un pequeño tramo en un polígono.
El fiscal solicita, inicialmente, penas que se mueven entre los seis años y tres meses, y los nueve años de cárcel.