Ence se refuerza con un nuevo fallo a favor mientras más de trescientas empresas respiran aliviadas con la nueva Lei do Litoral aprobada por el Parlamento Galego
09 jul 2023 . Actualizado a las 18:28 h.La vigente Ley de Costas de ámbito estatal que el Gobierno Central ha blandido estos últimos años para oponerse a la continuidad de Ence, así como las de otras instalaciones fabriles como depuradoras, viveros, lonjas, cámpings, mercados municipales o hasta algún centro de salud, ha sufrido esta semana dos varapalos de consideración. Por una parte, el Tribunal Supremo ha vuelto a dar la razón a que la celulosa asentada en Lourizán siga ahí hasta el 2073, al rechazar los últimos recursos interpuestos tanto por el propio Gobierno de la Nación, a través de la Abogacía del Estado, como por el gobierno municipal de Pontevedra.
Por otra parte, el Parlamento Gallego acaba de aprobar la Lei do Litoral que se plantea como una nueva normativa que permitirá a la Xunta atribuirse plenas competencias en la ordenación y gestión de los usos del espacio marítimo-terrestre. El propósito es que el Estado le traspase los medios y recursos necesarios, de modo que el actual Ministerio de Transición Ecológica se eche a un lado y deje a la Xunta mandar sobre el territorio costero de Galicia.
Que uno y otro acontecimiento ocurran descontando los días para el 23J no es insignificante sino muy importante. El futuro Gobierno de España que salga de la voluntad popular, tendrá que posicionarse en ambos asuntos. Deberá decidir si prosigue batallando judicialmente o depone las hostilidades. Como entenderán, lo que se está ventilando aquí es la seguridad jurídica de cientos de empresas que dan miles de puestos de trabajo directos e indirectos en Galicia, a través de la cadena mar-industria, y cuya suerte futura va a depender de un largo pleito en los tribunales o bien de una guerra legal entre Administraciones que pugnan por regular nuestro litoral.
Criterios antípodas
La nueva Lei do Litoral de Galicia fue aprobada por la mayoría absoluta del PP (42 votos) y con las significativas abstenciones tanto de los parlamentarios del BNG como del PSOE. Ningún voto en contra. Incluso el BNG presentó una batería de enmiendas de las que un porcentaje notable fueron asumidas por el PP. Mientras el PSdG que, meses atrás había anunciado a través de Valentín González Formoso que votarían a favor de la norma, viró a la abstención, probablemente mediatizado por la convocatoria electoral en marcha.
Es asimismo significativa la aparente impasibilidad con que el Ministerio ha recibido la aprobación de la nueva norma autonómica. A diferencia del énfasis crítico que empleó inicialmente el Secretario de Estado Hugo Morán, quien llegó a comparar el espíritu de la ley gallega con «casi una declaración de independencia», ahora Transición Ecológica guarda silencio. No me puedo creer que a la ministra y candidata Teresa Ribera y a sus colaboradores se les haya escapado la noticia, de modo que estamos ante un mutis estratégico por razones electorales. En su lugar, han mandado a Pedro Blanco, el nuevo delegado del Gobierno en Galicia, a anunciar que estudian plantear un recurso de inconstitucionalidad. La principal razón que esgrimen es que la nueva ley gallega «crea inseguridad jurídica». O sea, justo lo contrario de lo que han denunciado la Confederación Provincial de Empresarios (CEP) y destacadas industrias del sector acuícola de Pontevedra, que se han hartado de proclamar que el Gobierno Central les lleva al patíbulo.
Uno de los ejemplos más palmarios es el de la única planta de suministro de mejilla para almeja y ostra autóctona que existe en Galicia, radicada en O Grove. Esta instalación, A Ostreira, no puede ampliar su parque de cultivo, con una inversión prevista de 3 millones de euros, por la negativa de Costas del Estado a renovarles la concesión en función de los criterios restrictivos que se han denunciado por la CEP. Hablamos de la única planta de este tipo que puede aprovisionar a los parques de cultivo y bancos marisqueros de 63 cofradías de pescadores y más de 10.000 mariscadoras.
Al Constitucional
Del mismo modo que un hipotético recurso contra la lei do litoral de Galicia acabaría en el Tribunal Constitucional, ocurre igual con la anunciada intención del alcalde de Pontevedra y su gabinete monocolor, de entablar recurso ante el Tribunal Constitucional contra la prórroga a Ence que el Supremo ha revalidado. Asimismo, dependiendo de si Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijoo presiden el próximo Gobierno, sabremos si la Abogacía del Estado acude también en recurso de amparo ante el alto tribunal.
Después de los comicios locales del 28M hay un sustancial cambio. El gabinete de Lores está en minoría y decisiones como la de seguir gastando dinero del erario público de los pontevedreses en pleitear contra Ence, es cuestionable. Podría ser tumbada en una votación plenaria, a la vista de los posicionamientos del PP y, sobre todo, del cambio de disposición del PSOE.
Además, que Fernández Lores se autoproclame como quien encarna la opinión mayoritaria de la ciudad sobre Ence para persistir en su guerra judicial contra la pastera, entra en contradicción manifiesta con la realidad reflejada en los resultados del 28M. Véanse los números. Y como colofón, me remito a la decadencia de las marchas contra Ence como se acreditó en la última, con solo unas decenas de participantes.