El juez suspende por segunda vez en Pontevedra el juicio contra el presidente de EiDF: «Me parece inaudito»
PONTEVEDRA
En esta ocasión, la decisión vino motivada por la ausencia de la madre del empresario, que está también acusada
26 abr 2024 . Actualizado a las 09:08 h.A diferencia de lo ocurrido en la anterior ocasión, la suspensión del juicio que sienta en el banquillo a Fernando Romero Martínez, presidente de EiDF, Víctor Manuel Fontán Iglesias, director jurídico de esta firma, y la madre del primero, María del Carmen Martínez, no tuvo nada que ver este jueves con la huelga del turno de oficio. Y es que el magistrado del Juzgado de lo Penal número dos de Pontevedra tomó «de oficio» esta decisión al comprobar que esta última no había comparecido a la vista.
«Me parece inaudito», señaló el jueves tras remarcar que, dado que se piden penas que superan los dos años de cárcel, no se podría celebrar el juicio en ausencia de esta acusada. Su abogado, por su parte, se limitó a señalar que su clienta le había comunicado «a última hora» que se encontraba enferma.
A la vista de estas circunstancias, el magistrado, al tiempo que aplazó la vista oral sin fecha, instó al letrado a entregar antes de hoy, viernes, un justificante médico conforme a que la acusada no se encontraba en condiciones de poder asistir al juicio o, de lo contrario, se adoptarían otras medidas para garantizar su comparecencia el día que se fije para celebrar el mismo.
Además, el magistrado pudo comprobar que tampoco se presentaron algunos de los testigos, mientras que Fontán Iglesias se retrasó, si bien, comunicó su abogado, tenía intención de presentarse en la sala de vistas.
En este procedimiento penal, la Fiscalía de Pontevedra acusa a Fernando Romero Martínez de un supuesto delito continuado de falsedad en documento mercantil, por el que solicita tres años de prisión y multa de 5.400 euros, así como de seis delitos contables, por los que se insta a una condena de 36 meses. En lo que respecta a los dos coimputados, se piden dos años y seis meses de cárcel y multa por el primero de los cargos, y doce meses por sendos delitos contables.