La agresión sexual a una funcionaria de la prisión de A Lama fue en un punto ciego de la cárcel

Convocados por Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), cerca de un centenar de funcionarios de prisiones se concentraron este jueves a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra para, por un lado, mostrar su apoyo a la trabajadora agredida sexualmente por un recluso en el penal de A Lama y, por otro, reclamar mejoras que redunden en una mayor seguridad. En este punto, Julio Díaz, representante de este sindicato, exigió que se les dote de medios personales, pero también «medios suficientes para hacerlo».

A este respecto, remarcó que la agresión sexual se produjo en un punto ciego del centro penitenciario de A Lama, esto es, una zona de las escaleras que suben hacia la galerías de los módulos que «no tiene videovigilancia». Esto determina que «nadie ajeno a las personas que están subiendo sabe lo que pasa ahí».

Tras precisar que, si bien en ocasiones solo trabaja un empleado público por módulo, señaló que en esta ocasión había un segundo trabajador que estaba vigilando la zona común. De este modo, la víctima «había terminado de hacer la revisión de celdas y bajaba cuando se encontró a este interno sin poder avisar a nadie», momento en el que se produjo la agresión sexual.

Asimismo, incidió en que el hecho de que, en ocasiones, solo haya un empleado público por módulo conlleva que, en caso de cualquier tipo de ataca, «nadie le puede echar una mano y le proteja», remarcó Julio Díaz.

«No tenemos medios defensivos, solo un walkie que serviría para avisar a los compañeros de que pasa algo», lamentó el representante de TAMPM, al tiempo que apuntó un problema asociado a este dispositivo de comunicación: «Nuestro uniforme no está diseñado para portarlos» de una manera eficiente. Esto implica que, «a la primera que tengas que hacer, sale volando».

«Pedimos que la Administración se preocupe por la seguridad de sus trabajadores, que también repercute en la seguridad de los internos», remarcó. En este punto, se mostró convencido de que, «si un interno siente la seguridad, la vigilancia, sabe que no va a poder hacer un acto malo. Esto también repercutirá en su reinserción social», apuntó.

Otro de las reivindicaciones históricas del colectivo es la concerniente a que los funcionarios penitenciarios sean considerados, por un lado, una profesión de riesgo y, por otro, como agentes de la autoridad. Al respecto de esta última, ya se han elaborado proyectos de ley, pero «siempre quedan perdidos en los cajones. Parece como un brindis al sol que hace el Gobierno, en este caso, del PSOE».

Julio Díaz precisó que, «en principio, ser agente o no ser agente no te va a librar de un bofetón o de un puñetazo». Sin embargo, esta figura conlleva una mayor penalidad para el autor de la agresión, al tiempo que se «nos otorgue el principio de indemnidad». Esto es, «en caso de que seamos agredidos y un juez dictamine que se nos tiene que compensar económicamente, se haga cargo la Administración en el caso de que la persona condenada no disponga de medios. Por decirlo de alguna manera, a la Administración le sale gratis que nos agredan».

Traslado de prisión

En cuanto al supuesto autor de la agresión sexual, al tiempo que ya se ha judicializado la denuncia interpuesta por la víctima, se ha acordado el traslado de prisión, «un cambio de centro de cumplimiento y la propuesta a un régimen de vida más estricto —saldrá de la celda durante cuatro horas al día, si quiere—», precisaron desde el sindicato. Consideran que es una respuesta «tan garantista y suave» que «un gran número de este tipo de internos percibe este castigo como unas vacaciones».

---

---

---