Condenado por una plantación de marihuana localizada con un dron de la Guardia Civil
PONTEVEDRA
La operación se desarrolló en septiembre del 2022 y permitió la intervención de más de 47 kilos de sustancia estupefaciente
22 dic 2024 . Actualizado a las 05:00 h.En septiembre del 2020, la Guardia Civil detuvo a un pontevedrés como principal responsable de una plantación de marihuana donde, según las informaciones aportadas en su día por el instituto armado, «se incautaron cerca de un centenar de plantas de cannabis». Cuatro años después de este suceso ha trascendido que la Audiencia de Pontevedra ha ratificado la sentencia que le impuso tres años, nueve meses, y multa de 257.000 euros como autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas que no causan grave daño a la salud, concurriendo la circunstancia agravante de notoria importancia.
A la hora de ratificar esta pena, los magistrados descartan que se hubiese roto la cadena de custodia de la droga incautada, toda vez que el juez de lo Penal «examina meticulosamente el camino seguido por la sustancia intervenida desde que fue aprehendida hasta que fue entregada al organismo oficial competente para su análisis y pesaje». Así, se contó con la declaración del agente que «fue quien recogió y custodió la sustancia en una habitación cerrada con llave a la que solo él estaba autorizado para entrar», además de que fue el guardia que, en compañía de un segundo agente, trasladó la marihuana a las dependencias de Sanidad.
En este punto, se remarca que «el hecho de que la fuerza actuante hubiese entregado el atestado catorce días después de la detención y aprehensión de la sustancia no supuso quiebra alguna de la cadena de custodia, pues la autoridad judicial fue informada de los hechos y de la detención del acusado el mismo día en que se produjo esta y la intervención de la sustancia». En la sentencia, de igual modo, se incide en que la autora del informe de la delegación provincial de Sanidad explicó los pasos que se dieron y cómo se siguió el protocolo establecido por Naciones Unidas para el pesaje de la droga.
Varias versiones
Se da la circunstancia de que los agentes reseñaron que el día que descubrieron la plantación llamaron a la madre del acusado, que era la propietaria de la finca ubicada en Salceda de Caselas, para explicarle lo sucedido y esta manifestó que no sabía nada. Posteriormente, su hijo, el ahora condenado, «les dijo que su madre no sabía nada, que la plantación era de él», una declaración que posteriormente varió durante la instrucción de la causa y en la vista oral celebrada en Pontevedra.
En todo caso, y a la hora de sustentar las imputaciones, también se contó con la declaración de los agentes de la Unidad Pegaso, «que fueron los que realizaron la investigación valiéndose de un dron, y comprobaron las dos plantaciones de marihuana».
La Audiencia, de igual modo, considera acreditada la preordenación al tráfico de la sustancia estupefaciente intervenida, «pues esta excede de un consumo medio, siendo la posesión del exceso un indicio muy poderoso de destino al tráfico». A este respecto, se reseña que el Supremo estableció el consumo diario, en 20 o 30 gramos y un aprovisionamiento de consumidor habitual, en torno a unos diez días, cantidad a partir de la cual la posesión de marihuana debe entenderse destinada al tráfico, pues el almacenamiento durante más tiempo hace que pierda sus propiedades.
En este caso, «la cantidad poseída, que excede de 47 kilogramos, supera ampliamente tales parámetros», además de que «no existe prueba de que el acusado fuese consumidor habitual de tal sustancia en la fecha de los hechos». Asimismo, se confirma la agravante de notoria importancia, pues se superan «ampliamente» los diez kilos de droga, que es la cantidad que resulta de la tabla del Instituto Nacional de Toxicología.
Dos parcelas de cultivo
En cuanto a los hechos que sustentan la condena, en su día, la Guardia Civil dibujó que las investigaciones realizadas determinaron la existencia de «una plantación de cannabis sativa al aire libre en un terreno de propiedad privada». Al inspeccionar esta finca «se localizaron dos parcelas perfectamente habilitadas para el cultivo donde se incautaron 76 plantas de marihuana en pleno proceso de desarrollo».
Añadieron que «las investigaciones concluyeron con la identificación del hijo de la propietaria del terreno como único responsable de la plantación», quien quedó en libertad en sede policial tras haber entregado «algo más de 22 kilos de cogollos que guardaba en la segunda residencia que tenía en el mismo municipio».