La denuncia de un vecino de Ponte Caldelas hace caer una red de estafadores
PONTE CALDELAS
La Guardia Civil estima que realizaron trescientas compras fraudulentas de móviles a, por lo menos, un centenar de denunciantes
13 jun 2019 . Actualizado a las 13:44 h.En una operación conjunta, la Guardia Civil y la Policía Nacional desmantelaron lo que consideran es una organización criminal especializada en la adquisición fraudulenta de móviles a través de una aplicación de telefonía que se dedica a la compraventa de productos de segunda mano entre usuarios. La operación Silver 7 tuvo su origen en la denuncia interpuesta el pasado noviembre por un vecino de Ponte Caldelas, en Pontevedra, dando cuenta que había sido timado en la venta de un terminal a través de Internet.
Desde el instituto armado destacaron que se han esclarecido hasta la fecha algo más de un centenar de denuncias en la compra fraudulenta de trescientos teléfono localizándose perjudicados en casi todas las comunidades autónomas.
En todos los casos, el modus operandi era similar y comenzaba con alguno de los sospechosos contactando con una potencial víctima que ofertaba algún terminal a través de esta aplicación. Tras acordar un precio, «pasados unos días el comprador le informaba al vendedor de que ya le había transferido el importe a través de un aplicativo de la propia página», al tiempo que «le advertía de que estaba bloqueada la orden de pago debido a que, por error, le había ingresado una cantidad de dinero superior a la acordada».
Paralelamente, le indicaba que la solución para desbloquear la orden de ingreso, y así poder recibir el dinero acordado, pasaba porque el comprador enviase por mensajería el terminal y la cantidad en exceso que pensaba recibir, que normalmente oscilaba entre trescientos y cuatrocientos euros. Posteriormente, los teléfonos eran vendidos en Internet o en establecimientos de compraventa de segunda mano, mientras que todo el dinero era remitido a otras personas que supuestamente residían en Nigeria.
Los agentes estiman que se pudieron efectuar unas trescientas compras fraudulentas desde algo más de una veintena de ciudades españolas «a través de un entramado de personas que conformaban un grupo criminal perfectamente estructurado». De hecho, fueron arrestadas ocho detenidas, mientras que otras quince figuran como investigadas en once ciudades españolas -Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Almería, Málaga, Granada, Guadalajara, León, Salamanca y Gerona-. Se les acusa de los supuestos delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal.