Recuerda que, ya que la plataforma se circunscribe al ámbito urbano, la responsabilidad recae en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos
05 ago 2014 . Actualizado a las 21:22 h.El Gobierno recuerda que servicios como el que presta la empresa Uber son responsabilidad de las administraciones autonómicas o locales, dado que al menos hasta el momento solo funcionan en el ámbito urbano, aunque advierte de que se impondrán sanciones siempre que se detecten «prácticas ilegales» como que este tipo de compañías funcionen como un transporte público sin licencia.
Así lo señala en respuesta al diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) por Asturias, Gaspar Llamazares, quien el pasado mes de junio, en pleno conflicto de los taxistas con plataformas como Uber o Blablacar, exigió al Gobierno que prohibiera «de inmediato» este tipo de servicios «sanguijuela» que, bajo «supuestos acuerdos de consumo colaborativo», llevan a cabo en realidad una actividad de transporte de viajeros «ilegal» y cometiendo «fraude laboral y tributario».
En una pregunta escrita, el diputado explicaba que las empresas como Uber utilizan aplicaciones para el móvil para «enganchar» a conductores particulares para que utilicen su propio vehículo como un servicio de taxi para obtener ingresos adicionales, a cambio de que paguen el 20% de su recaudación a la empresa. Una actividad que cae en varias «ilegalidades» relativas a la tarificación, los seguros de responsabilidad social o las autorizaciones públicas y consecuentes controles.
Además, Llamazares señalaba que la Generalitat de Catalunya abrió un expediente informativo a Uber por una supuesta actividad irregular llevada a cabo en Barcelona, donde la empresa se instaló en abril de 2014, y emplazaba al Ejecutivo a actuar del mismo modo a nivel nacional.
Dos conceptos diferentes
En su respuesta, el Ejecutivo recuerda que hasta la fecha Uber realiza únicamente «transporte urbano» en España, un ámbito que cae en las competencias «exclusivas» de las comunidades autónomas o, en su caso, de las administraciones locales, que son las responsables de su regulación y control, y no el Ministerio de Fomento.
Además, hace hincapié en las diferencias existentes entre aplicaciones que «simplemente pretenden poner en contacto a usuarios para compartir vehículo y gastos para un trayecto en común» y otras que funcionan como «actividades empresariales» que, «como cualquier otra modalidad de transporte público», están sujetas a la obligación de obtener una autorización y de respetar la regulación laboral y tributaria.
En este sentido, se apunta que España es «uno de los pocos países de la UE» que tiene regulación para los servicios de alquiler de vehículos con conductor diferentes del taxi, una normativa que se aplicaría a servicios como el que ofrece Uber. «En otros países, al estar estos servicios liberalizados, necesitan desarrollar nuevas normativas si se pretende actuar contra este tipo de plataformas», añade.
Por eso, asegura el Gobierno, «en todos aquellos casos en que, tras la correspondiente inspección, se detecten incumplimientos a la normativa en vigor» en materia de transporte público de pasajeros, se «aplicará el régimen sancionador previsto».