Los trabajadores formaban la plantilla del antiguo grupo de intervención
10 jul 2014 . Actualizado a las 11:43 h.El Concello de Boqueixón ha tenido que afrontar este año un gasto extraordinario de 213.639 euros por el pago de indemnizaciones correspondientes al despido de trece empleados que durante años trabajaron como miembros del Grupo Municipal de Intervención Rápida (Grumir), que el Ayuntamiento financiaba con subvenciones que han desaparecido, por lo que la Administración local optó por eliminar estos puestos de trabajo. Cinco de ellos presentaron una reclamación judicial y ganaron, recibiendo unas indemnizaciones que oscilan entre 14.424 y 45.079 euros. Los nueve afectados restantes llegaron a un acuerdo con el Ayuntamiento, que les abonó compensaciones de entre ocho mil y catorce mil euros.
La Administración municipal financió trece de estos despidos con cargo al presupuesto de este año, pero la partida desembolsada por este concepto es levemente superior, ya que en el 2013 el Concello ya tuvo que asumir una indemnización por el mismo concepto, lo que eleva el pago final a 230.556 euros por despidos. En este importe no está incluida la minuta del abogado contratado por el Ayuntamiento, que cobró 2.500 euros.
Para hacer frente a esta situación, el Ayuntamiento de Boqueixón ha tenido que reorganizar el presupuesto municipal ajustando las partidas económicas de gastos. Este cambio quedó aprobado ayer durante el pleno ordinario con los únicos votos del grupo de gobierno (Partido Popular) y el rechazo de la oposición, formada por un edil vinculado a Anova y por otro del PSOE.
El regidor, el popular Jesús Sanjuás, explicó que el Ayuntamiento no tuvo otro remedio que prescindir de este personal, pero destacó que se llegó a un acuerdo ventajoso para ambas partes con nueve afectados.
Y de cara al futuro, insistió en que el Concello sigue prestando servicios con los medios de los que dispone. Canabal, por su parte, consideró «intolerable» lo ocurrido y afirmó que en Boqueixón hubo durante años «barra libre» en materia de contrataciones, por lo que ahora se pagan las consecuencias. El socialista Perfecto Barcala también cuestionó la política laboral de Boqueixón y resaltó que con la primera sentencia perdida el grupo de gobierno debería haber previsto lo que iba a ocurrir y reservar los fondos. «Desde que chove, sabemos que chove», le respondió Sanjuás.