La mitad de los funcionarios de Galicia tendrán subidas adicionales a la del Estado
SANTIAGO
En educación, sanidad y justicia el incremento salarial supera el 2,25 % fijado por el Gobierno
19 dic 2018 . Actualizado a las 13:14 h.Unos más que otros, pero todos los empleados públicos que desarrollan su trabajo en Galicia observarán incrementos en su nómina de enero. Como mínimo, el 2,25 %, que se completará previsiblemente con un 0,25 % más a partir del 1 de julio, vinculado al comportamiento del PIB. Así lo firmaron los sindicatos y el anterior Gobierno del PP, de ahí que Pedro Sánchez, sin presupuestos propios, vaya a llevar el decreto ley al Consejo de Ministros que se celebrará el viernes en Barcelona.
Esta subida afectará con carácter general a todos los funcionarios y empleados con sueldo público, unos 150.000 en Galicia adscritos mayormente a la Administración autonómica -dos tercios-, a los organismos del Estado y a las entidades locales. Y es precisamente en los colectivo mayoritarios, los vinculados a la Xunta, donde se van a producir notables mejoras adicionales producto de la recuperación de derechos perdidos durante la crisis y las negociaciones sectoriales que se han producido en los últimos meses.
Justicia y educación
El más llamativo fue el caso de los funcionarios de Xustiza, que protagonizaron este año una larga huelga para reivindicar, entre otras cuestiones, un nivel salarial que los situase en la media de las comunidades. Esa tensa negociación fue correspondida por la Xunta con incrementos mensuales que van desde los 122 a los 140 euros, dependiendo del cuerpo administrativo. En el 2019, los 2.700 funcionarios gozarán, según su categoría, de un 80 % de esa cantidad.
Aquellas movilizaciones, que todavía tienen repercusiones en el funcionamiento ordinario de la justicia, pusieron en alerta a la Xunta, que intensificó el diálogo sindical en los dos entornos más delicados, la educación y la sanidad, que suman más de 70.000 empleados, sin contar los 15.000 adscritos a las universidades y a la enseñanza concertada. En el ámbito docente, se alcanzó un acuerdo que se aplica desde el mes de octubre y que supondrá un incremento mensual de 90 euros en 14 pagas para el 2021. En esa escalada, a partir del próximo 1 de enero la subida será de 35 euros de media respecto a su primera nómina del 2018. Para la concertada, la Consellería de Educación ha engordado la partida destinada a nóminas en el 2019 para tratar de evitar una brecha salarial con los docentes de la pública.
Sanidade
En el caso de la sanidad, el efecto sobre las cuentas autonómicas es todavía mayor, ya que registra unos picos de contratación de hasta 38.000 profesionales. El alto nivel de conflictividad que se está alcanzando este otoño en este ámbito contrasta con el acuerdo alcanzado por el Sergas y los sindicatos, que supone para un buen número de funcionarios un aumento retributivo del 6 %, al margen de la subida fijada por Estado. Así se estableció tras implantarse la carrera profesional, a la que se han sumado unos 22.000 trabajadores con más de un año de vinculación al servicio público de salud.
Según los baremos establecidos, los médicos que acumulen la experiencia pactada podrán percibir en el 2020 hasta 3.000 euros más cada año, aunque en el 2019 solo será el 60 % de la cantidad que les corresponda, tal como se fijó en un acuerdo histórico firmado por casi todos los sindicatos, salvo CC.OO. La CIG, que no participó en los de educación y justicia, sí lo suscribió. En próximas fases, y a medida que vayan accedido a grados, las mejoras se harán extensivas a más personal sanitario.
Los funcionarios locales y estatales, así como los docentes y el personal de las tres universidades, adscrito también a la caja autonómica, se deberán conformar con la subida general del 2,25 %, y lo mismo le sucede a los 16.000 empleados públicos de la Administración Xeral de la Xunta, o sea, los que trabajan en el resto de las consellerías. Estos se quedan fuera de los incrementos para el 1 de enero, pero el departamento de Facenda, responsable de sus nóminas, espera alcanzar acuerdos con los sindicatos, que denuncian la pérdida de capacidad adquisitiva y otros derechos.
