Es inexplicable que el Gobierno central ningunee a los ciudadanos de la demarcación judicial de Santiago al hacer oídos sordos a las unánimes reclamaciones de nuevos juzgados. Reclamaciones que no formula cualquier entidad sino los actores más directamente implicados, que son los que mejor conocen el funcionamiento del sistema y sus necesidades, empezando por el propio Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, cuya Sala de Gobierno, a petición del Consejo General del Poder Judicial y en sintonía con la Xunta, en su última carta a los Reyes Magos ministeriales puso el Juzgado de Violencia sobre la Mujer como la número uno de sus prioridades de creación de nuevos órganos judiciales en Galicia para este año, entre las que figura también otra urgencia obvia: el tercer juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Los hechos demuestran esta realidad, no solo por la altísima sensibilidad social en torno al drama de la violencia machista, que requiere una respuesta específica también desde las salas judiciales. Lo que se pide en Santiago es un juzgado que atienda de forma exclusiva y especializada estos asuntos, y no como hasta ahora, que es una materia a mayores de las muchas que atiende uno de instrucción. También lo demuestran las palabras del fiscal jefe Antonio Roma hoy en estas mismas páginas al hablar de la reorganización de la fiscalía atendiendo a las necesidades de especialización, para lo que han creado una sección específica. Lógico. Este año será difícil que el Ministerio de Justicia pueda seguir esquivando esta necesidad. También la del Contencioso, que la capital gallega lo urge más que cualquier capital de provincia. Para ponerse al día, aún le quedará pendiente el de Familia.